La Procuración del Tesoro de la Nación ha presentado dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska en un intento por suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000 millones por la nacionalización de YPF, mediante la entrega del 51% de la compañía. La defensa del Estado argumenta que la ejecución de la sentencia es inviable y perjudicial, basándose en una serie de puntos clave.
Argumentos contra la ejecución de la sentencia
Entre los principales argumentos esgrimidos por la Procuración del Tesoro, se destaca que la entrega de las acciones de YPF va en contra de la legislación nacional argentina. Además, se sostiene que forzar esta medida despojaría a Argentina de su participación mayoritaria en YPF, lo que a su vez activaría cláusulas que perjudicarían a los demás accionistas de la empresa al forzar un cambio de control.
La defensa enfatiza que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas y controvertidas no solo a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.
La Procuración del Tesoro también argumentó que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños significativos por la suspensión de la orden, y que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Insistieron en que la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público. Además, la transferencia de las acciones en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, como se pretende, es considerada jurídicamente inválida por el Gobierno.
Cuestiones legales sin precedentes y la necesidad de aprobación del Congreso
La defensa argentina remarcó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.
Un punto central es que, para la entrega de acciones, el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza Preska confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal sin el aval legislativo.
En respuesta a la citación de declaraciones del gobernador Axel Kicillof por parte del fondo Petersen/Eton Park, el equipo jurídico del Estado aclaró que Kicillof no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración.
