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Petroleros privados

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Un reciente estudio elaborado por la plataforma de empleo Bumeran, titulado “¿Qué pasa con el salario?”, expuso un drástico deterioro en la percepción sobre el poder adquisitivo en el país. Según el relevamiento, el 87% de los consultados sostiene que su remuneración resulta insuficiente para saldar los consumos esenciales, consolidando una tendencia en alza en comparación con el 85% registrado doce meses atrás.

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), conducida por Armando Cavalieri, suscribió un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales del sector (CAC, CAME y UDECA) para el trimestre octubre-diciembre de 2026. El entendimiento alcanza a más de 1.200.000 trabajadores enmarcados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y contempla una suba salarial del 5,7% sumada a una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000.

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En una decisión que provocó una fuerte conmoción en el arco productivo de la provincia de Buenos Aires, la multinacional agroindustrial Bunge dispuso el cese total de sus operaciones en la planta de fertilizantes radicada en Campana. La medida se concretó de manera intempestiva y sin aviso previo, impactando de forma directa sobre una nómina de entre 110 y 137 operarios, y poniendo en suspenso unos 250 puestos de trabajo totales al sumar a las firmas contratistas de mantenimiento, seguridad, limpieza y gastronomía.

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Un informe elaborado por el Centro de Investigación en Economía de la Universidad de San Andrés (UdeSA) encendió las alarmas en el equipo económico del Poder Ejecutivo al proyectar una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,66% durante el tercer trimestre de 2026. El dato refleja una profundización del deterioro de la actividad productiva respecto de los períodos previos y configura un severo revés político a solo un año de los comicios presidenciales de 2027.

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La aerolínea de bajo costo Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores tras acumular pasivos por más de $4.000 millones, cifra que alcanza los $4.600 millones al computar intereses y ejecuciones judiciales. Paradójicamente, entre los mayores acreedores perjudicados figuran las empresas estatales Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo, las cuales continuaron prestando servicios de navegación y rampa a la compañía privada pese al cese sostenido de sus pagos.

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