El sector productivo argentino está pagando el costo más alto del ajuste económico. El índice de utilización de la capacidad instalada cayó al 61% en octubre, el peor registro desde la profunda crisis de 2002. Este desplome significa que casi el 40% de la maquinaria y las instalaciones fabriles del país se encuentran inactivas.
La capacidad instalada representa el techo de producción que una planta puede alcanzar con los recursos humanos y tecnológicos disponibles. Una utilización tan baja obliga a detener líneas de producción, mantiene los costos fijos sin compensación y, con el tiempo, destruye los márgenes de ganancia, amenazando la inversión futura y la viabilidad de las empresas. Sectores vulnerables, como el textil, operan hoy por debajo del 33% de su potencial.
La destrucción diaria de empresas y empleo
El panorama se agrava con la pérdida constante de puestos de trabajo y el cierre de firmas. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, desaparecieron 19.114 empresas formales, una caída que eliminó más de 264.000 puestos de trabajo registrados.
Traducido a cifras cotidianas, esto equivale a:
·Casi 29 empresas cerradas por día, o 1.2 cierres por hora.
·Una pérdida diaria de 394 puestos de trabajo formal, lo que significa que 16 personas pierden su empleo registrado cada hora.
Esta tendencia destructiva se ha consolidado. En los últimos cuatro meses relevados por la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado privado acumuló una caída de 49.000 puestos. Solo en septiembre, la pérdida fue de 10.700 empleos formales, confirmando que la destrucción de puestos no es una serie de eventos aislados, sino un proceso estructural.
Los rubros más afectados son la construcción (paralizada por el freno total de la obra pública), la industria manufacturera (golpeada por la apertura importadora) y el comercio.
La cadena de pagos en crisis
La Unión Industrial Argentina (UIA) reflejó la gravedad de la situación financiera en su mesa chica. Una encuesta interna reveló que casi la mitad de las industrias argentinas tienen serias dificultades para honrar sus obligaciones principales (salarios, impuestos o proveedores). Un preocupante 8.2% de las firmas reportó fallas en el cumplimiento de todos estos rubros.
Los datos de la UIA muestran que el 47.5% de los empresarios encuestados tienen problemas para cubrir al menos una obligación: el 29.3% falla en el pago de impuestos, y el 26.7% tiene inconvenientes con sus proveedores.
Esta tensión se ve reflejada en el sistema financiero, con un incremento de entre el 30% y 40% en los cheques rechazados durante el último trimestre. Un caso paradigmático es el de Bodega Norton, que acumuló más de 40 cheques sin fondo por un total de 618 millones de pesos, a lo que se suma una deuda bancaria superior a los 42 mil millones.
El informe concluye que las PyMEs son las más vulnerables, ya que sus cobros por ventas al Estado se extienden entre 30 y 90 días, asfixiando su capital de trabajo.
Tensión en la UIA
La crisis dominó por completo la agenda de la reciente reunión de la cúpula de la UIA en su sede de la Avenida de Mayo. El clima entre los principales dirigentes fue de abierta preocupación. Los informes internos circularon confirmando la caída generalizada de la actividad y el empleo, señalando al desplome del consumo interno, la competencia de importaciones y el encarecimiento del crédito como los factores que asfixian el entramado productivo.
El presidente de la entidad, Martin Rappallini, reconoció la "situación compleja", mientras que otros referentes sectoriales, en tono confidencial, admitieron que el parate se siente "en todos los niveles", afectando tanto a las pequeñas empresas como a los grupos industriales más grandes. La dirigencia empresarial acepta hoy que la situación dejó de ser una "desaceleración" para convertirse en una crisis plenamente instalada.
