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Mientras el discurso oficial del Gobierno nacional intenta convalidar una aparente reactivación económica sobre la base de la estabilidad cambiaria, el entramado de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la Argentina cruje bajo el peso de una crisis financiera asfixiante. La falta de liquidez en el mercado interno dejó de ser un problema estacional para convertirse en un deterioro estructural de la cadena de pagos. De acuerdo con la Encuesta Radar PyME elaborada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) —que relevó a más de 260 firmas con amplia trayectoria en 22 provincias—, las empresas no solo enfrentan un desplome real de sus ventas, sino que se ven obligadas a financiar su operatividad cotidiana mediante el endeudamiento.

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El escenario lácteo en la Argentina continúa mostrando profundas asimetrías bajo la actual administración nacional. Mientras firmas como La Suipachense logran recuperarse de crisis severas, la mayoría del sector padece la caída del consumo interno, el stock remanente y la escalada de los costos de producción. En este complejo panorama, la situación de Lácteos Verónica llegó a un punto crítico. Propiedad de la familia Espiñeira, la empresa mantiene totalmente inactivas sus plantas industriales ubicadas en las localidades santafesinas de Clason, Lehmann y Suardi, dejando un tendal de deudas bancarias, cheques rechazados y un fuerte conflicto social con sus 700 operarios, quienes llevan cuatro meses sin percibir sus remuneraciones de manera integral.

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La contracción del consumo en abril se sintió con fuerza en kioscos y perfumerías. El estancamiento de los ingresos y el peso de las deudas familiares consolidan un escenario de parálisis general que las operaciones digitales no logran revertir.

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Una drástica reducción horaria busca frenar el gasto en raciones y mantenimiento en las unidades militares. La brecha salarial con la policía obliga a los efectivos a buscar segundas actividades por la tarde, mientras la gestión de recursos apela a métodos de emergencia.

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El staff técnico del organismo internacional diseñó una hoja de ruta fiscal que presiona sobre los salarios del sector formal y busca cuadruplicar el esfuerzo de los cuentapropistas. La propuesta choca de frente con las metas de reducción impositiva prometidas por el Ejecutivo.

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