Argentina vuelve a enfrentar un escenario contradictorio: a pesar de contar con el potencial de Vaca Muerta, las fábricas del país sufren severas restricciones en el suministro de gas debido a las demoras estatales en las obras de transporte. La parálisis en la ampliación del Gasoducto Perito Moreno dejó al sistema productivo desabastecido en pleno invierno, forzando la compra externa de combustibles en un mercado internacional convulsionado.
El impacto de esta coyuntura golpea directamente la actividad manufacturera, donde numerosas plantas ya se ven obligadas a reestructurar sus esquemas laborales, reducir turnos y asumir costos extraordinarios para evitar el freno total de sus operaciones. De acuerdo con relevamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la mitad de las firmas asociadas analiza contraer su nivel de producción este mes ante la imposibilidad de afrontar las nuevas tarifas.
Las pymes, el eslabón más vulnerable
El desabastecimiento afecta de manera desigual a los actores del sector. Mientras que las grandes corporaciones suelen conectarse de forma directa a las redes troncales de alta presión, las pequeñas y medianas empresas (pymes) comparten la infraestructura de distribución con el consumo residencial.
Prioridad domiciliaria: Ante las bajas temperaturas, las distribuidoras garantizan el fluido para los hogares, relegando a las fábricas de menor escala a sufrir cortes o reducciones drásticas en su abastecimiento.
Esta situación generó fuertes críticas en el sector privado. Desde la Unión Industrial de Córdoba calificaron el panorama actual como una “ley de la jungla energética”, denunciando que las interrupciones afectan incluso a las empresas que contaban con contratos de provisión firmes y semifirmes, poniendo en jaque su competitividad y compromisos de entrega.
El factor internacional y el ajuste fiscal
El déficit en la capacidad de transporte local coincidió con un frente de tormenta externo. La escalada bélica en Medio Oriente disparó el valor del Gas Natural Licuado (GNL) en el mundo, elevando el millón de BTU de 11 dólares a un rango que oscila entre los 23 y 26 dólares. Para atravesar el período invernal, el país requiere la llegada de unos 23 buques metaneros.
Para proteger el equilibrio fiscal y evitar un rebote inflacionario en las tarifas residenciales, el Gobierno nacional adoptó una postura estricta:
Sin subsidios estatales: El Estado decidió no absorber el sobrecosto del combustible importado.
Traspaso directo a la industria: Las empresas que abonaban cerca de 4,50 dólares por millón de BTU pasaron a pagar tarifas hasta cinco veces más caras.
Consecuencias operativas y judiciales
Las firmas con procesos continuos y alta demanda energética —como las dedicadas a la fabricación de cerámicas, ladrillos y materiales de construcción— se llevan la peor parte tras las recomendaciones oficiales de reducir el consumo al mínimo. A esto se suma que la escasez de gas obliga al sistema eléctrico a quemar combustibles líquidos como el gasoil, encareciendo también el costo de la luz para el sector corporativo.
Ante la vulneración de los contratos de suministro firme, diversas cámaras empresarias advierten sobre la posibilidad de que el conflicto derive en reclamos ante los tribunales de justicia.
Por su parte, desde la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería buscaron llevar calma a la población asegurando que, salvo imprevistos, el suministro residencial está completamente garantizado, ratificando la estrategia oficial de resguardar los hogares a costa del sector productivo.
