"Con lenguaje inclusivo y no binario no estamos disputando un lugar en la gramática, sino un lugar en la sociedad, y estamos invitando a repensar lo que significa sostener esta matriz heteronormativa que sigue generando violencia", sostuvo en diálogo con Télam Manu Mireles, docente no binarie de la UBA y la Untref.
Por María Clara Olmos
A partir de entender al lenguaje inclusivo como un espacio de disputa por el sentido y los derechos, docentes y estudiantes no binarios rechazaron la decisión del Ministerio de Educación porteño de prohibir su uso en las comunicaciones oficiales y su uso pedagógico y didáctico, al considerar que la medida "anula la vivencia de la identidad" y habilita la proliferación de discursos de odio y violencias que atentan contra sus existencias.
En diálogo con Télam, Agus Noceti y Manu Mireles, docentes no binaries de la Escuela Nº 19, del barrio de Lugano, y del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, respectivamente, coincidieron en que, lejos de ser una cuestión meramente gramatical, el lenguaje inclusivo supone un reflejo de luchas y avances en derechos humanos, dentro de los cuales ubicaron a los "derechos lingüísticos".
"Con lenguaje inclusivo y no binario no estamos disputando un lugar en la gramática, sino un lugar en la sociedad, y estamos invitando a repensar lo que significa sostener esta matriz androcéntrica, cis, sexista y heteronormativa que sigue generando violencia en la vida cotidiana y aniquilando personas", sostuvo Mireles, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El pasado jueves, el Ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña avanzó en la prohibición del lenguaje inclusivo en forma institucional en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, con sanciones previstas para quienes incumplan la medida.
Al respecto, Mireles aseveró que esta medida significa "un retroceso en términos de garantizar la justicia social, la ciudadanía y la democracia para todas las personas", al tiempo que "viola la normativa vigente", como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Micaela.
Sin embargo, advirtieron que, pese a las intenciones, una construcción colectiva y dinámica, siempre en transformación, como es la lengua, "no resulta gobernable".
Aunque a veces se perciba "prístino e inalterable", el lenguaje, aseguraron, pertenece a quienes lo hablan y nace de "las necesidades de las personas que lo hablan y de la necesaria representación de nuestras identidades".
Las retóricas de prohibición de palabras, que no eran obligatorias, son "retóricas profundamente políticas, de censura, de violencia", que "anulan la existencia de una persona y la vivencia de la identidad en plena democracia".
Por ello, Mireles consideró "totalmente inaplicable" esta medida en la Mocha Celis, donde generó "mucha angustia y ansiedad".
En igual sentido, la abogada y docente trans en una escuela porteña, Cristina Montserrat Hendrickse, comunicó su decisión de no acatar "una resolución que vulnera mi derecho humano a la identidad de género", alegando "objeción de conciencia" ya que "invisibiliza las diversidades sexogenéricas".
"Esto nos atañe a todes porque atenta contra nuestras existencias, no solamente las de quienes no somos cisheterosexuales, sino también de las existencias de los colectivos más vulnerables en general", expresó por su parte Noceti.
Medidas de este tipo "tienen efectos reales y concretos en nuestras vidas", aseguró Noceti, quien advirtió que van generando "el caldo de cultivo para que se profundicen sentidos comunes que habiliten las violencias que denunciamos y resistimos".
Y añadió: "Lo preocupante es el corrimiento del sentido, se quiere instalar que si los chicos y las chicas no saben leer es por la (llamada) 'ideología de género', borrando las reales causas de los problemas del sistema educativo, que nadie los niega, y se construye un sentido común que es muy difícil de romper".
