Tras la inesperada suspensión del acto por el Día de la Independencia en Tucumán, el Gobierno nacional intensifica sus esfuerzos para retomar el diálogo con las provincias. El eje central de la discusión sigue siendo la urgente necesidad de fondos que plantean los gobernadores, respaldados por un reciente informe técnico que avala sus reclamos sobre el impuesto a los combustibles y la distribución de los ATN.

Aunque desde la Casa Rosada se insiste en que hay "canales abiertos", la desconfianza persiste entre los mandatarios provinciales y aún no hay una fecha confirmada para la prometida reunión que abordaría el espinoso tema fiscal.

El frustrado encuentro del 9 de Julio

La vigilia del 9 de Julio, diseñada para ser un encuentro distendido entre el presidente Javier Milei y un grupo selecto de gobernadores, se canceló a último momento. La explicación oficial apuntó a "razones climáticas" que habrían impedido el traslado del mandatario y el despliegue del operativo de seguridad necesario.

En la histórica Casa de Tucumán se esperaba la presencia del gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, y de otros mandatarios como Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), además de algunos vicegobernadores. La intención era exhibir una imagen de unidad institucional, sin inmiscuirse en las tensiones presupuestarias.

Pese a que el Gobierno había anticipado que el acto "no era el contexto adecuado para discutir fondos", el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, proyecta una reunión post-9 de Julio en su despacho. Esta vez, la convocatoria sería más amplia y el foco estaría directamente en la cuestión fiscal. Aunque se mantienen contactos para definir la fecha, muchas provincias se muestran escépticas sobre la concreción del encuentro.

Gobernadores al ataque: Un informe técnico respalda el reclamo por los fondos

En paralelo a las negociaciones, los gobernadores impulsan en el Congreso una serie de modificaciones al esquema de distribución de fondos. Un informe técnico reciente, que acompaña el proyecto presentado en el Senado, revela que los cambios propuestos tendrían un costo fiscal de 0,11 puntos del PBI, una cifra que los mandatarios consideran manejable. La propuesta se centra en dos puntos clave: reformar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y automatizar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El informe detalla que el primer cambio, que incluye la eliminación de tres fondos fiduciarios actualmente financiados con el impuesto a los combustibles, representa un impacto de apenas el 0,08% del Producto Bruto Interno. Según los gobernadores, esta eliminación se alinea con los propios cuestionamientos del Gobierno nacional sobre los fideicomisos, a los que considera mecanismos opacos en la asignación de recursos.

Respecto a los ATN, las provincias insisten en que "son recursos pertenecientes a las jurisdicciones" y que deben ser utilizados para situaciones de emergencia o desequilibrios financieros. El informe técnico advierte una paradoja: en medio de la crisis, este fondo, cuya relevancia creció por la inflación, ha sido subejecutado en los últimos años. "Es una paradoja que, en medio de una crisis, los recursos que deberían asistir a las provincias no se utilicen", lamentan.

El documento subraya que el drástico recorte de transferencias presupuestarias y la caída de los fondos coparticipables han generado una emergencia fiscal en la mayoría de las provincias, justificando, según ellos, la distribución inmediata de los fondos acumulados en los ATN.

Incluso si se aprueban las reformas planteadas por las provincias, el superávit fiscal del Gobierno pasaría del 1,60% al 1,49% del PBI, aún por encima del objetivo del 1,30% exigido por el Fondo Monetario Internacional. “Estamos hablando del 0,11 del producto, pero además son fondos que son de las provincias. Dibujan el superávit con plata que no ejecutan y que no les pertenece”, afirmó una fuente cercana a un grupo de gobernadores.

Desde el oficialismo, reconocen que la negociación con las provincias podría reactivarse después del debate del proyecto en el Senado, que podría tener lugar incluso esta misma semana. Una fuente cercana a la mesa de diálogo deslizó: “Si tenés que convencer a dos o tres gobernadores, ¿te conviene hacerlo antes de que se vote en una Cámara con mayoría opositora o esperar a Diputados, donde tenés más margen?”.

Mientras el equilibrio fiscal sigue siendo una obsesión para la administración Milei, las crecientes tensiones con las provincias por la distribución de fondos demuestran que, más allá de la retórica, la coordinación política se erige como un desafío crucial. Con las cuentas públicas en el centro del debate, el Gobierno deberá definir si apuesta al diálogo o si mantiene su estrategia de ajuste unilateral.