El Gobierno nacional oficializó una profunda desregulación del sector eléctrico a través del Decreto 450/2025, con el objetivo de establecer "un mercado eléctrico más eficiente, competitivo, abierto y transparente". Las reformas, que abarcan desde los contratos y proveedores hasta las facturas de los usuarios y el desarrollo de infraestructura, buscan atraer inversión privada y descentralizar las decisiones sobre precios e inversiones, dejando al Estado un rol de diseño de políticas y control.
Fin de subsidios y búsqueda de inversión privada
Según el decreto, el sistema anterior se caracterizaba por "un complejo régimen de subsidios a la demanda y contratos de renta asegurada", lo que generó un impacto significativo en el Tesoro Nacional e ineficiencias. El Ejecutivo argumenta que "durante 20 años, el Estado había gastado más de 105.000 millones de dólares en sostener un sistema eléctrico ineficiente, manipulado y cerrado, que había desincentivado a la inversión".
Ahora, se busca un "reordenamiento progresivo" para incorporar capital privado de riesgo, con el objetivo de beneficiar al usuario y asegurar el suministro a largo plazo con mayor eficiencia.
Principales transformaciones impulsadas por el decreto:
·Apertura al Comercio Internacional: Se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con reglas claras y previsibles.
·Contratos entre Privados: Se restablece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa de energía entre privados, promoviendo la previsibilidad y la inversión.
·Libre Elección del Proveedor: Los usuarios finales podrán elegir libremente su proveedor de energía, sin obstáculos regulatorios.
·Transparencia en Facturas: Se introducen mecanismos para que las facturas no incluyan tributos locales ni cargos ajenos a los servicios facturados.
·Desarrollo de Infraestructura: Se establecen alternativas para el desarrollo de infraestructura de transporte eléctrico, fomentando la inversión privada y la iniciativa a propio riesgo.
El decreto también busca desconcentrar el mercado de combustibles para generación eléctrica, permitiendo a los productores contratar libremente su abastecimiento, y prevé normas específicas contra posiciones dominantes.
Además, se instruye a la Secretaría de Energía a transferir progresivamente a distribuidores y grandes usuarios los contratos de compraventa suscritos con CAMMESA. Se establece un período de transición de 24 meses para adecuar la normativa complementaria y garantizar una implementación gradual y ordenada.
Nuevo ente regulador y sus implicancias
Estas medidas se enmarcan en la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, previsto en la Ley 27.742, que fusionará las funciones del ENARGAS y el ENRE. Este nuevo ente, con un directorio de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, tendrá mandatos de cinco años renovables y ceses escalonados para asegurar la continuidad institucional.
La decisión impacta directamente a los trabajadores y estructuras de los organismos actuales, así como a las empresas y usuarios de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad bajo jurisdicción federal. Las autoridades enfatizan que "el Gobierno Nacional le devuelve al sector eléctrico su verdadera esencia: una industria basada en la inversión privada, la autosuficiencia económico-financiera, las señales de mercado y la libertad de elección”.
