En una audiencia realizada ayer en la Ciudad Judicial, el asistente letrado de la fiscalía de Delitos Económicos Juan Narváez formuló cargos a 16 personas y los acusó por defraudar los intereses de una clínica privada de la ciudad de Neuquén.
Los imputados son diez hombres F.G.A; F.M.A; J.I.G; A.A.J; J.G.L; D.F.L; M.A.P; A.C.R; J.I.R; L.G.T; y seis mujeres E.M.C; A.A.D; V.L.M; S.M.P; Y.G.P; N.A.P.
Los delitos que el representante del Ministerio Público Fiscal les atribuyó son defraudación especial por administración fraudulenta, en carácter de coautores para J.I.G y A.C.R, y en calidad de partícipes necesarios para el resto de los imputados (artículos 173 inciso séptimo y 45 del Código Penal).
Durante la audiencia, Narváez requirió que se declare el caso como causa compleja debido a la cantidad de imputados, a la pluralidad de hechos y al tipo de maniobra realizada. Además, el asistente letrado expresó que restan realizar pericias; informáticas en equipos secuestrados y para determinar con exactitud movimientos y maniobras; contables para determinar el perjuicio económico final; y caligráficas.
Finalmente, el representante de la fiscalía solicitó que se prorrogue por un año más una medida cautelar, impuesta en noviembre de 2021, mediante la cual fueron bloqueadas distintas cuentas bancarias relacionadas al caso y que se encuentran bajo investigación.
La teoría del caso que investiga la fiscalía es que entre el 5 de enero del 2018 y el 15 de octubre del 2021, J.I.G y A.C.R, aprovecharon los roles que cumplían cómo liquidadores de sueldo en una clínica ubicada en la capital provincial y la confianza que esos cargos conllevaban, para defraudar los intereses de la institución en más de $30 millones. Para ello, contaron con la colaboración necesaria e imprescindible de F.G.A, F.M.A, A.A.J, J.G.L, D.F.L, M.A.P, J.I.R, L.G.T, E.M.C, A.A.D, V.L.M, S.M.P, Y.G.P y N.A.P.
Las maniobras que J.I.G y A.C.R realizaban, consistían en modificar datos en los registros de las liquidaciones de sueldos de empleados del sanatorio, generando falsos pagos a empleados y supuestos empleados, que luego eran transferidas a distintas cuentas bancarias.
El abogado querellante que intervino en representación de la clínica, adhirió a la calificación legal y teoría del caso detallados por la fiscalía como así también los pedidos de declaración de causa compleja y de extensión del bloqueo a las cuentas bancarias.
La jueza de garantías a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos en los términos requeridos por Narváez y además, declaró el caso como causa compleja por lo que fijó el plazo para concluir la investigación en un año. Finalmente, la magistrada extendió la medida cautelar solicitada por la fiscalía que consiste en el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al caso por un año.
