Una explosiva denuncia penal ha ingresado a la esfera judicial, poniendo en jaque a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La presentación, que recayó en la fiscalía de Guillermo Marijuan y el Juzgado Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, apunta a una compleja red de supuestas maniobras de corrupción, direccionamiento de licitaciones y enriquecimiento ilícito dentro del organismo. El escrito detalla un entramado de contrataciones irregulares que involucraría sobrecostos que, en conjunto, podrían exceder los setenta millones de la moneda estadounidense.
La acusación formal solicita la investigación de una veintena de altos funcionarios y personal vinculado a la cúpula, entre ellos Fernando Omar Bearzi (director ejecutivo), Paula Amor (secretaria general), y su chofer y colaborador cercano, Gastón Palacios. La lista se extiende a nombres como Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti.
El esquema de la red interna
Según la denuncia, la Secretaría General, liderada por Paula Amor, sería el epicentro de las operaciones. Se alega que, con el apoyo de áreas sensibles como Programación y Control de Gestión Operativa y Trámites Complejos, se orquestó un "circuito paralelo de decisiones" cuyo propósito era favorecer a empresas proveedoras ligadas a los funcionarios bajo sospecha.
De confirmarse los hechos, las figuras penales que podrían aplicarse incluyen asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (248), además de cohecho y corrupción (256 y 258).
Contratos bajo la lupa por sobreprecios exorbitantes
La presentación judicial cuestiona varios contratos de gran magnitud:
·América Virtual S.A.: Esta proveedora de servicios tecnológicos habría visto sus ingresos multiplicarse "groseramente" bajo la actual administración, alcanzando montos calificados de "exorbitantes". A ello se suma la contratación de servicios adicionales por un valor cercano a los nueve millones de la moneda estadounidense.
·Acuerdo SAP: Un contrato por licencias, consultoría e implementación de software por un valor total de diecinueve millones de la moneda estadounidense, con un adelanto inicial de casi un millón.
·Sistema Mainframe IBM: Se resalta la contratación de este sistema, cuyo valor se estima en 44,6 millones de la moneda estadounidense, con un desembolso inicial de 7,7 millones. En este caso, la firma GyL actuaría como arrendataria de los servidores que luego alquilaría al Estado.
Los denunciantes no solo sostienen que existen sobreprecios injustificables, sino que también señalan un presunto interés de la Secretaria Amor, Palacios y el funcionario Santiago Adrián Campo en interferir en la Dirección de Sentencias Judiciales, la dependencia que gestiona los cuantiosos pagos de retroactivos a jubilados.
Fuentes judiciales consideran que, si los indicios se confirman en la investigación, esta causa podría desencadenar uno de los escándalos de corrupción más resonantes de la ANSES en el período de gestión actual, con fuertes implicaciones políticas y administrativas.
