La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) ha dictado medidas cautelares severas contra La Nueva Seguros, prohibiéndole la emisión de nuevos contratos y la administración de sus bienes inmuebles y operaciones de reaseguro. La drástica decisión se tomó tras la detección de graves irregularidades contables y un alarmante déficit en sus reservas técnicas, por debajo de los niveles exigidos por la normativa vigente.
La situación de la aseguradora salió a la luz tras la presentación de sus estados contables al 31 de marzo de 2025, los cuales revelaron una "situación financiera transitoria" y una preocupante incapacidad para ordenar pagos. A esto se sumó la notificación de un embargo que supera los $300 millones y reclamos de otros acreedores, lo que desencadenó una drástica caída en la liquidez de la compañía.
Falta de transparencia y grave deterioro patrimonial
La SSN había resuelto una inhibición general de bienes el 19 de mayo de 2025, una medida que fue ratificada el 28 de mayo ante la persistencia de la delicada situación financiera. La gravedad se acentuó por la falta de colaboración de la aseguradora durante la inspección. La Nueva Seguros no presentó información básica fundamental, incluyendo libros contables, planillas de siniestros, documentación sobre juicios en curso, comprobantes de pagos y detalles del balance, así como autorizaciones necesarias para levantar el secreto bancario.
El informe de la SSN también puso de manifiesto numerosas irregularidades en la administración de la empresa. Se identificaron sentencias impagas, una subestimación de reservas, pasivos judiciales sin el respaldo correspondiente, deudas fiscales sin comprobantes y múltiples embargos en curso, todo lo cual agravó significativamente el cuadro patrimonial de la firma.
Un agujero en las reservas: millones en déficit
Ante la opacidad y las inconsistencias, la SSN declaró la imposibilidad de verificar con precisión la verdadera posición técnica de La Nueva Seguros. Además, se detectó una discrepancia considerable entre la deuda informada con reaseguradores y los montos solicitados para levantar restricciones sobre inversiones.
Un informe interno del organismo supervisor calculó que La Nueva necesitaba un ajuste del 93% en sus reservas para cumplir con los mínimos legales. Esto implicaba un aumento de sus pasivos en más de $4.470 millones, lo que impactaría negativamente en su ya comprometida solvencia financiera.
Considerando la falta de información y las irregularidades detectadas, la SSN determinó que la situación encuadraba en el artículo 86 inciso f) de la Ley 20.091, lo que justificó la adopción de medidas cautelares para proteger a los asegurados de posibles riesgos operativos. La empresa fue debidamente notificada de la resolución y de la posibilidad de apelar la medida a través de la Plataforma TAD.
