La ciudad de Córdoba está conmocionada por la trágica muerte de Brenda Gázquez, de 28 años, quien se quitó la vida el domingo en su casa del barrio Las Palmas. El dolor de la familia ha escalado a una denuncia pública de extrema gravedad contra el sistema judicial, acusándolo de inacción y abandono frente al calvario de acoso, amenazas y una presunta violación que la joven padecía desde 2018.

La hermana de la víctima, Jéssica Gázquez, rompió el silencio en medios locales para apuntar directamente a los fallos institucionales que, según su testimonio, consumieron la vida de Brenda.

Siete años de calvario y una promesa incumplida de protección

Según el relato familiar, el sufrimiento de Brenda comenzó tras haber sido presuntamente víctima de una violación grupal en 2018. Desde entonces, la joven habría realizado más de 28 denuncias por hostigamiento, amenazas de muerte contra ella y su familia, e incluso agresiones físicas y un intento de incendio de su hogar.

"Mi hermana no pudo superar lo que vivió y tomó la peor decisión... La amenazaban con matarla a ella y a toda la familia. Ella decía: ‘O me quito la vida yo o me la quitan ellos’", relató Jéssica Gázquez.

El foco de la denuncia familiar se centra en la Fiscalía de turno y en el incumplimiento de los sistemas de seguridad:

·Falla del sistema dual: A pesar de contar con un botón antipánico y un sistema de monitoreo dual para casos de alto riesgo, la familia asegura que los mecanismos no funcionaban. "Cuando ella los llamaba porque el sistema marcaba que los tipos estaban cerca, nunca venían. El día que murió mandaron 20 móviles", subrayó su hermana.

·Trato revictimizante: Denunciaron que la víctima recibió un trato hostil en Tribunales II, siendo tratada "como si ella fuera la culpable" de su situación.

El legado del miedo y el pedido de reapertura de causa

El miedo había aislado completamente a Brenda, quien llevaba un año sin salir de su casa, sufriendo constantes ataques de pánico. La familia lamenta que el sueño de la joven de "ser mamá y casarse" haya sido "arruinado" por la violencia que la consumió.

Ahora, la familia Gázquez exige que la Justicia reabra la causa y que se investigue no solo a los presuntos responsables de la violación y las amenazas, sino también la responsabilidad funcional de quienes debían garantizar la protección de la víctima.