El sistema de educación superior pública en Argentina ha iniciado una nueva etapa de parálisis total a partir de este lunes 16 de marzo.
La medida de fuerza, impulsada por las principales federaciones docentes como Conadu y Conadu Histórica, se estructurará en dos bloques que abarcarán casi la totalidad del mes, mientras que los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires han decidido endurecer la postura mediante un cese de actividades por tiempo indeterminado.
El eje del reclamo se centra en la exigencia de una recomposición salarial del 55,4% establecida por la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que el Congreso ratificó el año pasado tras revertir el veto presidencial y que, según denuncian los gremios, la gestión nacional no está aplicando.
La situación del personal académico es descrita como crítica en diversos informes técnicos, los cuales sitúan el poder adquisitivo actual en un piso histórico.
De acuerdo con datos relevados por equipos de la UBA, el salario real del sector ha sufrido una degradación del 35,6% respecto a los niveles de finales de 2023, ubicándose incluso por debajo de las cifras registradas durante la crisis del año 2004.
Esta realidad ha motivado un plan de lucha que contempla no solo el ausentismo en las aulas de universidades como las de Córdoba, La Plata, Rosario y Tucumán, entre otras, sino también la instalación de carpas de protesta en puntos estratégicos del país y la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria prevista para el próximo 23 de abril.
Desde el Poder Ejecutivo, la respuesta ha sido el envío de una nueva propuesta legislativa al Congreso que busca reformular las condiciones de financiamiento y recomposición salarial vigentes.
El proyecto oficialista propone aumentos escalonados del 4,1% repartidos en tres cuotas, eliminando los retroactivos correspondientes al período 2023-2024 y suprimiendo la cláusula de actualización automática por inflación que garantizaba el INDEC.
Mientras esta nueva normativa se debate, el conflicto también se libra en el terreno judicial, debido a la medida de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional para forzar el cumplimiento de la ley aprobada originalmente por la oposición.
