El fuero federal requirió al Poder Ejecutivo Nacional la remisión de la totalidad de la documentación administrativa correspondiente a una licitación pública de 700 millones de pesos. El concurso, promovido por la Secretaría General de la Presidencia bajo la conducción de Karina Milei, tenía como finalidad el mantenimiento y parquización de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos, pero quedó bajo la lupa judicial tras denuncias de presunta colusión entre las firmas postulantes.
La disposición fue solicitada por el fiscal federal Ramiro González al magistrado a cargo de la causa, Sebastián Ramos. A través del requerimiento sobre la licitación pública N° 23-0005-LPU26, el Ministerio Público Fiscal busca auditar las etapas del proceso de contratación y constatar si la maniobra llegó a generar un perjuicio financiero directo para el erario público.
Acusaciones de "ficción licitatoria" en el entorno oficial
La causa penal se originó a raíz de una presentación judicial efectuada por la legisladora nacional Marcela Pagano, quien mantiene un duro enfrentamiento político con el oficialismo. De acuerdo con el escrito de la diputada, el concurso de precios habría carecido de transparencia real debido a que las corporaciones supuestamente rivales en la puja comercial responderían a un mismo holding empresarial.
Compañías señaladas: Las oferentes que se presentaron al concurso son "Grub SA" y "La Mantovana de Servicios Generales SA".
La presunta maniobra: La denuncia afirma que ambas firmas están estrechamente ligadas al conglomerado "Grupo Buena Vista SA", configurando un escenario de competencia simulada para asegurar la adjudicación del contrato a favor de dicho grupo.
La presentación de Pagano cuestiona de forma directa el rol de Karina Milei, imputándole los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y fraude a la administración del Estado. La legisladora argumenta que el área de la Secretaría General omitió las verificaciones obligatorias respecto a la autonomía financiera y legal de las empresas participantes antes de convalidar el trámite.
Próximos pasos en los tribunales federales
Frente al escenario planteado, la fiscalía consideró prematuro el dictado de imputaciones formales y fundamentó que el primer paso procesal indispensable es examinar el expediente en su totalidad. Esto permitirá conocer si los fondos asignados al contrato de jardinería fueron desembolsados y determinar de manera fehaciente el estatus del trámite.
Este expediente judicial profundiza la brecha en los sectores del oficialismo. Pagano ya había recurrido previamente a los tribunales de Comodoro Py para denunciar por supuesto enriquecimiento ilícito a otros funcionarios clave del Gobierno, como el portavoz Manuel Adorni y su hermano. A partir de ahora, las dependencias oficiales están obligadas a entregar el material archivado para que la Justicia defina si existen elementos suficientes para iniciar una investigación de carácter penal.
