Un relevamiento del gremio estatal reveló que casi el 90% de las solicitudes de los trabajadores fueron rechazadas. Denuncian que, mientras los funcionarios acceden a montos de hasta $420 millones, a los empleados de base se les ofrecen cifras 10 veces menores.

BUENOS AIRES – El sueño de la casa propia se ha convertido en un terreno de disputa política y denuncias de discriminación. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, presentó un informe lapidario tras realizar un "operativo de prueba" en más de 150 sucursales del Banco Nación en todo el país. Los resultados exponen una brecha abismal entre los beneficios que recibe la cúpula oficialista y las posibilidades reales de los empleados públicos.
Los números de la desigualdad

De acuerdo con los datos recolectados por ATE sobre un total de 714 solicitudes presentadas por trabajadores estatales bajo las mismas condiciones que los funcionarios, el resultado fue contundente:

Rechazos masivos: 623 solicitudes (el 87%) fueron denegadas de forma casi instantánea.

Brecha de montos: Mientras que funcionarios de La Libertad Avanza accedieron a créditos de hasta $420 millones, el monto máximo ofrecido a un trabajador de base fue de apenas $55 millones, cifra que no cubre ni la mitad del valor de una vivienda familiar promedio.

Obstáculos burocráticos: El gremio denunció que a los empleados se les exige un "scoring" exhaustivo (gastos de tarjeta, deudas, historial crediticio), requisitos que —según Aguiar— se omitieron en casos de legisladores oficialistas procesados o embargados.

"Créditos para pocos"

Rodolfo Aguiar fue tajante al calificar la situación como una burla a las necesidades básicas: “Quedó comprobado que los créditos libertarios no están disponibles para nadie más”. El dirigente señaló que el Gobierno utiliza la vivienda como una herramienta de privilegio, otorgando préstamos para casas lujosas en barrios privados a sus funcionarios, mientras rechaza a trabajadores con ingresos superiores a los 2 millones de pesos por "falta de estabilidad laboral".

Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta a la modalidad de contratación. Muchos estatales fueron rechazados automáticamente por ser contratados o monotributistas, a pesar de presentar codeudores. Esto contrasta con casos de exfuncionarios que, incluso tras ser despedidos, mantuvieron sus beneficios crediticios sin los controles de riesgo que se le aplican al ciudadano común.
Casos testigo y el factor INDEC

El informe de ATE destaca el caso de un empleado de PAMI con un sueldo neto de $2.076.667, a quien el banco solo calificó para un préstamo de $55 millones. Según la plataforma Zonaprop, una vivienda digna para una familia tipo ronda los 170millones(us 120.000), lo que vuelve al crédito otorgado "totalmente insuficiente".

Desde el sindicato remarcaron que el nivel de ingresos promedio en Argentina ($1.321.353 según el INDEC) hace que sea materialmente imposible para la gran mayoría de la población acceder a la línea crediticia que el Gobierno promociona como "disponible para cualquier ciudadano".

“El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles”, concluyó Aguiar, confirmando que el gremio mantendrá el estado de alerta ante lo que consideran un manejo discrecional y político de los recursos del principal banco público del país.