El ministro Luis Caputo desplazó al secretario de Infraestructura luego de que se revelaran bienes y sociedades no declarados en el exterior. Fernando Herrmann asumirá el cargo en medio de una reestructuración del área.

BUENOS AIRES – La transparencia patrimonial volvió a generar un sismo interno en el Palacio de Hacienda. El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la salida de Carlos María Frugoni, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura. La dimisión forzada se produjo tras una investigación periodística que dejó al descubierto un importante patrimonio en Estados Unidos omitido en sus registros oficiales.
El patrimonio de la discordia

La situación de Frugoni se volvió insostenible cuando trascendió que el funcionario poseía siete departamentos en Miami y la titularidad de dos sociedades comerciales que nunca fueron informadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Puertas adentro, el exfuncionario habría admitido su "error" en la confección de sus declaraciones juradas, pero la gravedad de la omisión y la creciente presión judicial aceleraron su salida. Actualmente, Frugoni enfrenta una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa, centrada en determinar si el ocultamiento de estos activos fue una maniobra deliberada para evadir controles.
Cambios en el esquema de Caputo

Para intentar cerrar la crisis y normalizar la gestión, el Ejecutivo ya definió los nombres que tomarán la posta en áreas estratégicas:

Infraestructura: El cargo vacante será ocupado por Fernando Herrmann, quien tendrá la tarea de dar continuidad a los proyectos de coordinación técnica.

Transporte: En una reestructuración paralela, Mariano Plencovich asumirá como nuevo secretario de Transporte, área que Frugoni conocía de cerca tras su paso previo por la CNRT.

Un mensaje de disciplina interna

La eyección de Frugoni, quien se había incorporado al equipo de Caputo en diciembre de 2025, busca enviar una señal clara de rigor patrimonial en un momento donde el Gobierno intenta blindar su discurso de honestidad administrativa.

El caso no solo reaviva el debate sobre la eficacia de los controles internos en la administración pública, sino que también pone la lupa sobre el historial de los funcionarios antes de acceder a cargos con manejo de presupuesto, especialmente en sectores tan sensibles como la infraestructura y el transporte nacional.