La restricción de acceso a los periodistas cumple casi una semana. Desde el Gobierno de Javier Milei argumentan razones de seguridad preventiva tras la difusión de un informe televisivo.

El ingreso a la Casa Rosada continúa restringido para los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad presidencial. Este lunes, la gestión libertaria ratificó la prohibición de entrada para los periodistas acreditados, una medida que el próximo jueves alcanzará los siete días de vigencia y que ha encendido las alarmas en las asociaciones de medios.

El argumento oficial: Seguridad y prevención

Desde la cúpula del oficialismo han evitado dar señales de una apertura inmediata. Según voceros gubernamentales, la decisión no constituye un acto de censura, sino una "medida preventiva" de seguridad nacional.

El origen del conflicto radica en un informe periodístico emitido recientemente por una señal de noticias. Para las autoridades que operan en Balcarce 50, dicho material podría haber vulnerado protocolos de seguridad, derivando potencialmente en lo que definen como "espionaje ilegal". Bajo esta premisa, el Gobierno justifica el cierre de las puertas a los cronistas hasta que se logre esclarecer el alcance de la situación.

Un escenario de críticas crecientes

Pese a la explicación técnica que ensaya el Ejecutivo, la medida ha desatado una ola de cuestionamientos. Distintos sectores sostienen que el bloqueo afecta el derecho a la información y dificulta el seguimiento de la agenda pública del Presidente.

Lo que comenzó como una respuesta inmediata a un informe televisivo está a punto de cumplir una semana de vigencia, transformándose en un punto de fricción que desgasta la relación entre el Gobierno y el cuerpo de periodistas acreditados, quienes habitualmente cumplen sus funciones dentro del histórico edificio.