El diputado nacional Rodolfo Tailhade ha presentado una serie de graves acusaciones contra la gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señalando la existencia de maniobras espurias en la adjudicación de servicios de mensajería masiva.

Según el legislador, el funcionario habría orquestado un sistema de licitaciones direccionadas que involucran millones de dólares del erario público para el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas previstos para el año 2026. Tailhade sostiene que los recientes escándalos por viajes oficiales y traslados privados son apenas distracciones frente a lo que considera un desvío de fondos de gran escala mediante contratos diseñados a medida de empresas con vínculos sospechosos.

La denuncia pone el foco en tres procesos específicos que habrían beneficiado a un círculo cerrado de compañías. En el primero de ellos, una adjudicación multimillonaria a la firma ATX SA para el envío de 600 millones de correos y 36 millones de SMS es cuestionada por la falta de transparencia en la competencia, ya que las empresas participantes compartirían sedes sociales y autoridades, sugiriendo una rivalidad simulada.

Asimismo, el legislador advirtió sobre un segundo contrato financiado con créditos internacionales del Banco Mundial, donde el precio por mensaje de texto resultaría significativamente más elevado que el de mercado, y una tercera contratación de correos transaccionales donde nuevamente aparecen socios cruzados entre las ofertas más competitivas.

Estas revelaciones se producen en un momento de alta sensibilidad política para la Jefatura de Gabinete, sumándose a los cuestionamientos previos por el uso de recursos del Estado en viajes familiares. Para el referente de la oposición, estos mecanismos de contratación no solo vulneran la ética profesional, sino que exponen una estructura de privilegios económicos que todavía aguarda la firma final de aprobación.

Hasta el momento, el entorno del ministro coordinador ha optado por el silencio respecto a los detalles técnicos de estas licitaciones, mientras el conflicto escala hacia una demanda de mayor transparencia en la administración de las telecomunicaciones oficiales.