El expediente judicial que investiga el millonario perjuicio a miles de ahorristas por la criptomoneda $LIBRA ha tomado un nuevo impulso tras el análisis pericial del teléfono de Mauricio Novelli. Los registros técnicos obtenidos por la Justicia federal revelan una secuencia de contactos que contradice la idea de una promoción espontánea por parte del Ejecutivo.

Minutos antes de que el presidente Javier Milei publicara en sus redes sociales el código de acceso para adquirir el activo el pasado 14 de febrero de 2025, el dispositivo de Novelli registró al menos cinco intentos de comunicación directa hacia el mandatario. Para los investigadores encabezados por la jueza María Servini, este flujo de llamadas sugiere una coordinación previa y un conocimiento detallado del lanzamiento por parte de la cúpula del Gobierno, rompiendo con la tesis de un hecho aislado.

La reconstrucción de los movimientos financieros también aporta datos inquietantes sobre los días previos al desplome del valor digital. Según la documentación incorporada a la causa, Novelli contrató cajas de seguridad en una entidad bancaria de Martínez poco antes de un viaje a Estados Unidos, coincidiendo con las fechas en que se gestaba la campaña de difusión.

El impacto de la recomendación presidencial fue inmediato y devastador: tras una compra masiva por parte de unos 40 mil inversores, el precio del token se hundió en cuestión de horas. La sospecha de una maniobra planificada se reforzó cuando, tras el regreso del empresario al país, sus familiares directos fueron captados por cámaras de seguridad retirando el contenido de los cofres bancarios apenas antes de que se ordenaran los allanamientos, dejando las cajas vacías frente a la llegada de los agentes judiciales.

El entramado de responsabilidades se extiende además a otros actores clave y comunicaciones privadas que ahora están bajo la lupa. Las pericias detectaron intercambios posteriores al estallido del escándalo, incluyendo diálogos con el titular de la firma vinculada al proyecto, Julian Peh, y mensajes cifrados entre Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, donde se urgía a eliminar evidencias tras el transporte de valores.

Mientras la investigación avanza sobre posibles vínculos con Karina Milei y otros colaboradores cercanos, el caso se consolida como uno de los frentes judiciales más complejos para la administración actual, entrelazando la política financiera oficial con una presunta estafa tecnológica de escala masiva.