La Justicia Federal investiga al Director General del Estado Mayor de la Armada por "tentativa de destrucción de medios de prueba" y "violación de deberes de funcionario". El fiscal Félix Crous sostiene que el intento de eliminación de documentos se inscribe en una "persistencia coordinada" de actos negacionistas del Gobierno.
Un alto mando de la Armada Argentina se encuentra en el centro de una grave denuncia judicial que lo vincula con un intento de encubrimiento. El vicealmirante Juan Carlos Coré, director general del Estado Mayor de la Armada, es investigado por ordenar la destrucción de documentación sensible que podría ser fundamental en las causas por crímenes de lesa humanidad.
La denuncia fue impulsada por el fiscal Félix Crous, responsable de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Crous acusa a Coré de incumplimiento de los deberes de funcionario público y tentativa de destrucción de medios de prueba.
La orden "reservada" de triturar archivos
El 8 de enero, Coré firmó un mensaje naval de carácter reservado en el que disponía el traslado del Archivo General de la Armada (AGA) y, más alarmante aún, ordenaba la trituración de información a partir del 10 de febrero.
La alarma fue encendida por la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA), que advirtió que entre los papeles a eliminar existía información vital para los juicios por el terrorismo de Estado. Gracias a la acción rápida de querellas y fiscalías de múltiples jurisdicciones (como San Martín, La Plata, Mar del Plata y CABA), el intento de eliminación y mudanza fue frenado por orden judicial.
Una vez que se logró establecer que la orden emanó directamente del vicealmirante Coré, el fiscal Crous formalizó la denuncia. La investigación recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, reconocido por manejar la causa más voluminosa sobre el Primer Cuerpo de Ejército.
Para el fiscal Crous, la orden de Coré no fue un hecho aislado, sino que debe leerse como parte de una "esfuerzo persistente y coordinado" de las altas esferas del Gobierno para obstruir la preservación de la prueba de los delitos de la última dictadura.
En su denuncia, Crous enumera una serie de acciones recientes que demuestran la supuesta política de ocultamiento:
·Eliminación de Equipos de Relevamiento: La resolución de julio de 2024 que eliminó los equipos que trabajaban en Defensa relevando archivos para las causas de lesa humanidad.
·Desjerarquización de la Memoria: La degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría y la desjerarquización del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo Sitio ESMA.
·Ataque a la CONADI: La negativa de altos funcionarios a entregar documentación solicitada por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), encargada de buscar a los niños apropiados.
Un hito de la militarización de la defensa
La gravedad del caso se acentúa con los movimientos políticos recientes. Tras las elecciones de octubre, el Gobierno redobló su apuesta negacionista:
·El 6 de noviembre, se celebró la disolución del "nefasto grupo de trabajo" de archivos.
·El ciclo se completó con el nombramiento del jefe del Ejército, Carlos Presti, como reemplazo de Petri en el Ministerio de Defensa, rompiendo con la tradición de más de 40 años de mando civil sobre la Defensa.
Coré, cuya denuncia tramita en Comodoro Py, se suma así a una Armada con un largo historial de destrucción de documentación, un patrón que se remonta a la dictadura y que la Justicia busca detener con urgencia.
