Una reciente cena entre el presidente Javier Milei y el empresario Martín Varsavsky en Madrid desató una fuerte polémica en Argentina al ventilarse una propuesta para la reforma laboral que incluye la posibilidad de implementar jornadas de hasta 13 horas diarias, inspirada en el "modelo griego".
Aunque Varsavsky rápidamente calificó la idea como "negociable" y no una política confirmada, la sola mención encendió las alarmas de gremios, trabajadores y académicos, quienes ven en ella el sesgo ultra-flexibilizador del Gobierno. La frase "13 horas de trabajo" se convirtió velozmente en tendencia en redes sociales, suscitando críticas que apuntan al "esclavismo moderno" y a una regresión en materia de derechos.
El paquete de "modernización laboral"
La propuesta de extender la jornada se enmarca en un paquete más amplio de "modernización laboral" que el Gobierno anunció previamente y que busca, según sus voceros, reducir la informalidad (que afecta a la mitad del país) y desmantelar la "industria del juicio laboral".
Las otras medidas de alto impacto que se evalúan incluyen:
·Sustitución de indemnizaciones: Reemplazar el sistema actual por un fondo de cese laboral.
·Flexibilización vacacional: Otorgar al empleador la potestad de negociar y definir la disponibilidad de las vacaciones.
·Banco de horas: Crear un mecanismo para compensar el trabajo extra con tiempo libre.
·Contratos en divisas: Permitir que los contratos laborales se pacten en cualquier moneda, incluido el dólar estadounidense.
Riesgo de regresión social
Para los detractores, la iniciativa representa un retroceso histórico en la protección del trabajador, señalando que en países donde se aplicaron medidas similares, la informalidad no disminuyó, pero sí se deterioró drásticamente la calidad de vida de la clase obrera.
La referencia a Grecia, un país que amplió su jornada laboral bajo la presión de ajustes económicos —y víctima de "experimentos disciplinadores del FMI"— no es casual. Tanto en el caso griego como en el argentino, el discurso oficial presenta las reformas como una "adaptación al mundo moderno", que en la práctica implica que los empleados trabajarán más por menos derechos y con menor capacidad de negociación en un contexto de crisis y dificultades económicas.
El destino final de este borrador de reforma dependerá del debate en el Congreso y la negociación con las centrales sindicales. Sin embargo, la reacción inicial sugiere una resistencia frontal, lo que podría elevar significativamente la conflictividad social en los próximos meses si el oficialismo decide avanzar sin cambios.
