En medio de una creciente controversia por la opacidad de las negociaciones económicas con Washington, la Cámara de Diputados de la Nación dio un paso decisivo. Este miércoles, en una reunión plenaria de comisiones, se emitió un dictamen favorable a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la aprobación legislativa para todo entendimiento de índole financiera entre el Poder Ejecutivo y los Estados Unidos.

La iniciativa, impulsada por las bancadas opositoras, pretende reforzar la supervisión institucional sobre las gestiones que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, ante el Tesoro estadounidense. El texto, debatido en las comisiones de Finanzas, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, es explícito: ningún préstamo, convenio o acuerdo monetario con Washington podrá entrar en vigor sin la ratificación previa del Poder Legislativo.

Además de requerir la luz verde del Congreso, la propuesta exige que tanto el Poder Ejecutivo como el Banco Central remitan de forma exhaustiva toda la documentación, condiciones y cláusulas inherentes a las negociaciones, en particular aquellas que impliquen compromisos monetarios o la imposición de términos por parte de Estados Unidos.

El breve articulado del proyecto —compuesto por solo tres artículos— se fundamenta en el artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual reserva al Congreso la atribución exclusiva de aprobar tratados internacionales, empréstitos y renegociaciones de deuda. Los promotores sostienen que "el supuesto salvataje financiero con el Tesoro estadounidense encaja perfectamente en el ámbito de competencia del Parlamento".

Desde el bloque Unión por la Patria, los legisladores criticaron la "opacidad alarmante" con la que el Gobierno ha manejado las conversaciones, mencionando la reciente visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en abril. También manifestaron su inquietud por el interés de fondos de inversión privados de EE. UU. en rubros estratégicos como la energía y la minería, lo que consideran una amenaza a la soberanía económica.

El debate cobró mayor urgencia tras la reunión en la Casa Blanca entre Javier Milei y Donald Trump, donde se ratificó un supuesto acuerdo financiero por 20 mil millones de dólares. Dicho pacto, que incluiría la compra de pesos argentinos y un "plan de estabilización", fue objeto de severas críticas por la falta de transparencia en sus términos.

El diputado Itai Hagman, uno de los principales impulsores del dictamen, declaró: "El Estado argentino no puede aceptar un rescate a espaldas de la ciudadanía ni vulnerar nuestra Carta Magna. Este dictamen es una herramienta para prevenirlo". Hagman también hizo referencia a las recientes declaraciones de Trump, quien condicionó su apoyo económico a los resultados de las próximas elecciones de medio término, e instó a los ciudadanos a "defender la autonomía nacional" en las urnas el 26 de octubre, calificándolo como un momento crucial para rechazar la tutela financiera extranjera sobre el destino del país.