El Gobierno de la Nación ha decidido frenar la auditoría a las pensiones por discapacidad a nivel nacional. La medida se tomó tras la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo a cargo de la revisión, debido a denuncias de corrupción.
La investigación se inició luego de que se hicieran públicos unos audios en los que el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, admitía supuestas irregularidades en la adquisición de medicamentos.
La fiscalización interna de la agencia, que se encuentra bajo la supervisión del ministro de Salud, Mario Lugones, continuará enfocada en las compras, la estructura interna y la gestión de las pensiones.
Bajas en revisión y un cambio de planes
Previo a la suspensión, la ANDIS había dado de baja a casi 129,000 beneficiarios de pensiones. De esta cifra, más de 110,000 casos presentaban irregularidades, 8,000 correspondían a personas fallecidas y 10,000 a ciudadanos que habían renunciado al beneficio. Sin embargo, estas cancelaciones ahora también serán auditadas para detectar posibles fallas en el proceso.
Una fuente cercana al Ministerio de Salud confirmó que no se emitirán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los más de un millón de beneficiarios que actualmente reciben esta ayuda. La interrupción de las bajas es temporal, ya que cualquier decisión futura se tomará una vez que concluya la auditoría.
El Congreso y el veto presidencial
La situación de las pensiones se complica con la reciente decisión del Congreso. El Senado revirtió un veto presidencial sobre una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026. La norma, aprobada con una amplia mayoría, busca actualizar los aranceles y reformular las pensiones no contributivas.
Sin embargo, el presidente Javier Milei ha expresado su oposición, argumentando que la ley afectaría el equilibrio fiscal. Por esta razón, el Gobierno planea llevar el caso a la justicia para evitar los aumentos contemplados en la legislación. Este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo añade una capa de complejidad al futuro de las políticas de discapacidad en el país.
