A medida que se acerca la fecha límite de septiembre para la presentación del Presupuesto 2026, la oposición en la Cámara de Diputados acelera su estrategia para obligar al Gobierno a debatir el proyecto. En coordinación con los gobernadores, la oposición busca impedir que la administración de Javier Milei extienda la prórroga presupuestaria un año más, una medida que le daría al Ejecutivo mayor discrecionalidad en el manejo de fondos.
La jugada de Unión por la Patria y el rol de los gobernadores
La tensión escaló con la propuesta de Unión por la Patria (UP) de remover a José Luis Espert y a Nicolás Mayoraz de la presidencia de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, respectivamente. Según la vicejefa del bloque, Cecilia Moreau, la intención es poner fin a lo que consideran un "entorpecimiento" deliberado de la labor legislativa por parte del oficialismo. De concretarse, este sería un hecho sin precedentes en la Cámara Baja.
Los gobernadores también ejercen presión. Tras lograr la aprobación de la ley que garantiza la distribución diaria y automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), ahora apuntan a la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La situación es un reflejo de la creciente fricción entre el Gobierno central y las provincias, que buscan más autonomía financiera y certezas presupuestarias.
El futuro del debate
Mientras algunos bloques opositores mantienen la cautela, esperando la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo, la estrategia general es clara: forzar el envío del presupuesto, acelerar su tratamiento y evitar un tercer año consecutivo sin una ley de gastos. Por su parte, el oficialismo, en minoría, confía en un buen resultado en las próximas elecciones de octubre para fortalecer su posición en el Congreso y así poder dilatar la discusión. La disputa por el control del Presupuesto 2026 promete ser uno de los puntos más conflictivos de la agenda política en los próximos meses.
