Los abogados que representan a los demandantes en la demanda colectiva (class action) por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA han solicitado a la jueza federal Jennifer Rochon que se mantenga el congelamiento de más de US$57 millones depositados en billeteras virtuales de Hayden Davis. Esta medida cautelar, dictada originalmente el 27 de mayo, busca extenderse hasta la conclusión del proceso judicial.
Las acusaciones en el caso, que se tramita en Nueva York, ahora apuntan directamente al presidente Javier Milei. Los letrados, Max Burwick y Margaret Hoppin, argumentan que el mandatario emitió una "declaración promocional altamente engañosa" a través de la red social X el 14 de febrero. Según ellos, esta declaración fue "estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental al momento del lanzamiento del token", lo que llevó a que "decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados".
Además de Davis y el equipo de Kelsier Ventures, los abogados también han señalado a Benjamin Chow, una figura clave de la plataforma Meteora, acusándolo de facilitar el presunto "fraude" en secreto. Los demandantes insisten en que los involucrados "no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia", ya que "colaboraron secretamente para orquestar el fraude de $LIBRA, obteniendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas". Por ello, urgen a la jueza a mantener los fondos inmovilizados, advirtiendo sobre el "riesgo inminente de un daño irreparable".
Los letrados recordaron que Davis había prometido "reinvertir el 100% de los fondos bajo su control", algo que, según ellos, no ocurrió. En cambio, se reembolsaron US$5 millones a un comprador, el director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy, a pesar de que Davis había calificado públicamente los reembolsos como "descabellados". También se ha negado a ceder el control de los activos, afirmando que su "única ventaja es que tiene todo este dinero".
El futuro de los fondos se definirá en una audiencia el 19 de agosto. Anticipándose, Davis presentó un escrito el 9 de julio cuestionando el congelamiento y expresando su intención de recuperar el control del dinero para transferir 500 millones de tokens $LIBRA a Argentina, específicamente para la iniciativa "Viva La Libertad". Su objetivo, según trascendió, sería demostrar su intención de ayudar al país y cerrar la investigación penal en su contra en los tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires.
Sin embargo, los abogados de la demanda colectiva consideran que esto tendría el efecto contrario. Argumentan que la conducta de los acusados —como "lavar el dinero a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, llamar explícitamente a los fondos congelados su 'apalancamiento' y ofuscar deliberadamente cualquier posibilidad de controlar la operatoria"— demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se mantiene la medida cautelar.
Burwick y Hoppin enfatizaron que "cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado, solicitamos las facultades de este Tribunal para preservar las ganancias de dicho fraude". Además, alertaron sobre las conexiones internacionales de los demandados, con Davis viajando al exterior y su padre con vínculos comerciales en Medio Oriente, mientras que los involucrados de Meteora tienen conexiones con Singapur, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. "Este riesgo de deslocalización es particularmente grave debido a la naturaleza de los activos digitales en cuestión", concluyeron.
