La directora ejecutiva de Red por la Infancia y consultora internacional en derechos de niñas, niños y adolescentes, Paula Watcher, afirmó en diálogo con Télam que "en el seguimiento mediático de las recientes denuncias contra personalidades públicas por abuso infantil o redes de explotación no se puede decir que la repercusión haya sido uniforme".

En ese marco, agregó: "Hubo coberturas más o menos respetuosas, pero lo que causó mayor impresión fue la gran repercusión que tuvieron estos casos en la sociedad; quizá lo que todavía falta es resguardar un poco más a las víctimas y no exponerlas tanto".

Y contó que en Argentina "una de cada cinco niñas o niños es víctima de abuso y en la gran mayoría de los casos es en el entorno familiar. Esto afecta a cerca dos millones de niñas, niños y adolescentes en el país y nos interpela para que no volvamos a dejar que pase".

La especialista sostuvo que "en nuestro país, el Poder Judicial dista mucho de estar a la altura en la protección de los derechos de las infancias, tanto en calidad como en la velocidad para construir la reparación que necesitan las víctimas, respuestas que siempre llegan muy tarde y con sabor a poco".

Desde la sanción en 2015 de la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas que modifica la Ley Piazza de 2011 "queda claro que cualquier delito de este tipo cometido a partir de ese punto no prescribe, pero como la ley no es retroactiva algunos jueces consideran que hechos anteriores pueden prescribir porque no tienen en cuenta los tratados internacionales sobre derechos del niño suscriptos por Argentina en 1994", explicó.

En ese sentido, enfatizó que "hace al menos tres años que la Corte Suprema tiene para su tratamiento una serie de casos en los que podría expedirse para sentar un precedente y marcar la jurisprudencia en Argentina, y no se entiende por qué todavía no los trató o no los considera urgentes".

"Quizá sobre la sensibilidad social que despertaron estos episodios recientes sea bueno construir una campaña pública para reclamar esa respuesta del máximo tribunal", resaltó.

En tanto, el médico psiquiatra Enrique Stola (MN 50.747) dijo a Télam que "en la cobertura mediática de las recientes denuncias por abusos y redes de explotación sexual infantil en las que están involucradas personalidades de la televisión quedó claro que deberían haber convocado a más personas especializadas, con conocimientos y perspectiva de género sobre agresiones sexuales a las infancias".

"También debieron haber explicitado desde un principio la existencia de las denuncias judiciales que precedieron a las mediáticas, porque eso es lo que evidencia que las víctimas intentaron por todos los caminos posibles hallar justicia sin encontrarla", resaltó.

Sobre este punto, cuestionó que "el sistema judicial argentino en todos sus niveles hace agua por todos lados en lo que se refiere a derechos de la niñez. Tiene fallas terribles, además de funcionarios y funcionarias machistas que no producen buenas investigaciones y son verdaderos atentados contra las víctimas".

"Jueces y fiscales deberían tener una mínima sensibilidad ante el dolor que significa para las víctimas tener que estar denunciando estas situaciones, y esas denuncias deberían ser continuadas de una adecuada investigación, que puede llegar a la conclusión de que la legislación vigente marque una prescripción, pero no sin dar algún nivel de respuesta a las víctimas", indicó.

El especialista reflexionó que "episodios que toman estado público como estos de los últimos días o los que vivimos anteriormente como el caso Grassi,en general, le dan fuerza a las víctimas para animarse a denunciar, pero no producen ningún cambio sustancial porque la sociedad que hoy está conmovida es la misma que sigue produciendo abusadores y femicidas".

Por último, Stola completó: "Un cambio importante sería que alguna vez el Estado se ponga firme para que la Ley de Educación Sexual Integral tenga aplicación efectiva en todos los colegios de todos los niveles, que es algo que hoy no sucede ni en Argentina ni en ningún otro país de los que denominamos 'occidentales'; también hace falta una profundización de las capacitaciones en la Ley Micalea y que finalmente la Corte se capacite en la temática".