La Cooperativa CALF elevó al plano judicial la detección de irregularidades eléctricas en las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad de Neuquén. A través de su equipo legal, la entidad formalizó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal tras identificar maniobras de sustracción de energía en sectores de alto poder adquisitivo, solicitando la intervención inmediata de la justicia para inspeccionar las propiedades afectadas.
Ofensiva contra el hurto de energía
Lo que inició como una auditoría técnica de rutina derivó en una presentación penal que encuadra estas acciones bajo los delitos de hurto y robo, según los artículos 162 y 164 del Código Penal. La Cooperativa se ha constituido como parte querellante, argumentando que no se trata de fallas accidentales, sino de una voluntad deliberada de evadir el pago del suministro.
Para avanzar en la investigación, CALF solicitó al Juez de Garantías órdenes de registro para cinco viviendas de lujo. En estos domicilios se detectaron sistemas complejos, como conexiones subterráneas directas y dispositivos de "bypass" diseñados para eludir los medidores mientras se mantenían consumos elevados, vinculados principalmente a la climatización de grandes superficies y piscinas calefaccionadas.
Ejes de la presentación judicial
La estrategia legal de la Cooperativa persigue objetivos claros para regularizar la situación en los barrios cerrados:
Identificación de responsables: Determinar la autoría de los propietarios u ocupantes que se beneficiaron de la maniobra.
Inspección de artefactos: Constatar el uso de calderas, sistemas de riego y bombas de alta potencia alimentadas de forma ilegal.
Seguridad de la red: Documentar el riesgo de incendios y fallas técnicas que estas conexiones precarias representan para el resto de los asociados.
Fin de la impunidad: Asegurar que el aprovechamiento ilegítimo de la energía sea penalizado como cualquier otro robo de propiedad.
Una postura sin privilegios
Desde la conducción de la Cooperativa fueron enfáticos al señalar que la energía sustraída de forma clandestina termina impactando en el costo del servicio para los asociados que cumplen con sus facturas mensualmente. "La exclusividad de un barrio no puede ser un escudo para la ilegalidad", afirmaron las autoridades de la entidad.
Mientras el Fiscal interviniente analiza las actas técnicas y los registros fotográficos aportados, los operativos denominados de "Disciplina de Mercado" continuarán extendiéndose a otros puntos de la capital neuquina para garantizar la equidad en el pago del servicio eléctrico.
