Un escalofriante plan del Primer Comando Capital (PCC), la poderosa organización criminal de Brasil, ha puesto en evidencia la crítica vulnerabilidad de los arsenales de las Fuerzas Armadas argentinas. La amenaza se materializó en septiembre de 2024, cuando la policía brasileña desarticuló un atentado contra Guilherme Derrite, el Secretario de Seguridad Pública de San Pablo, encontrando un fusil que llevaba la inscripción "Armada Argentina".
El fusil (ametralladora automática MAG, con número de serie “FN35643”) y las más de 2000 municiones incautadas confirman la conexión directa entre la delincuencia organizada brasileña y el desvío de armamento federal en Argentina.
La inacción de la Justicia ante un tráfico de décadas
Este no es un hecho aislado. Un informe del Instituto Sou da Paz, una ONG brasileña dedicada a la reducción de la violencia, ha documentado cómo las organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho se abastecen de armamento de alto calibre (9 mm, .50 y 7,62) robado o desviado de las Fuerzas Armadas y de seguridad argentinas.
Según Bruno Langeani, participante del estudio, el desinterés político y judicial en Argentina por investigar la fuga de armas es un problema crónico que se remonta a décadas, con registros de fusiles FAL argentinos apareciendo en las favelas de Río de Janeiro hace más de 20 años.
El vínculo con la corrupción judicial en Rosario
La falta de voluntad para investigar el robo de arsenales pareció romperse recién en junio de este año, gracias al fiscal federal Javier Arzubi Calvo. El fiscal logró rescatar una causa que había permanecido "escondida" en el despacho del ahora ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien renunció en medio de acusaciones de corrupción y protección a narcotraficantes.
Esa investigación histórica culminó en el procesamiento de siete militares por la sustracción de un enorme arsenal del Batallón N° 603 de Fray Luis Beltrán, que pudo incluir hasta 400 fusiles y 2500 repuestos de FAL.
La causa se originó en 2011, cuando Interpol alertó a la Justicia Federal de Rosario sobre la incautación de un fusil FAL en San Pablo que tenía el escudo argentino grabado, el cual se sospecha fue adquirido por el PCC. El caso original involucró a narcos brasileños y paraguayos condenados por tráfico ilegal, demostrando que el eslabón argentino en la provisión de armas de guerra al crimen organizado es un problema estructural y sistemático.
