Actualmente, en Neuquén existen 9.129 titulares del VAT, lo que representa un ingreso mensual de $712.062.000 que circula de manera directa en los barrios, comercios de cercanía y economías regionales. Con la eliminación del programa, la provincia dejaría de recibir $8.544.744.000 al año.

Un parte de prensa señala que "A raíz del plan de lucha que está llevando adelante la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al conjunto de las organizaciones sociales en todo el país en defensa del Salario Social Complementario y en rechazo a su eliminación por parte del Gobierno nacional, la Justicia Federal dictó una medida cautelar que ordena al gobierno continuar con el programa".

La medida cautelar, dictada a partir de la presentación de un amparo colectivo que presentaron cinco trabajadores de la economía popular, indica que el Ministerio de Capital Humano tiene la obligación legal de mantener la vigencia de las prestaciones económicas hasta que se dicte una sentencia definitiva. Sin embargo, ante los antecedentes del gobierno por incumplimiento de pago luego de reveses judiciales, la UTEP se mantiene en estado de alerta y movilización para garantizar que lo que dicta el fallo se efectivice.

El escrito detalla que "En relación con la jornada nacional de lucha del pasado 7 de abril, en Neuquén la protesta se expresó con movilización y presencia en las calles para exigir respuestas urgentes frente al recorte de los distintos programas y se destacó la participación de distintas organizaciones que mostró la unidad del sector ante medidas que dejan a miles de familias sin sustento y agravan la crisis social en toda la provincia".

Las organizaciones advirtieron sobre el fuerte impacto económico y social que provocaría en la provincia del Neuquén si el Ministerio de Capital Humano no cumple con la Justicia y da de baja el programa VAT, una política que hoy sostiene ingresos básicos para miles de familias trabajadoras.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el vocero Lorenzo Navuelan señaló que “que el Gobierno Nacional de Milei, nos da de baja un programa nacional que nos vino a dar dignidad en los derechos a los trabajadores de la economía popular, tanto en las unidades productivas de liberados, en la ruralidad a los crianceros y comunidades, en los barriales de Vientos de Libertad, donde asistimos a personas en situación de calle y con consumo problemático, a las casas convivenciales que tenemos en la provincia donde las personas en consumo pueden ir gratuitamente a hacer un tratamiento para recuperar su vida”. También remarcó que el mes de mayo ya no tendrían el depósito y que por eso el reclamo de abril fue ante la casa de gobierno “porque también le estamos pidiendo al gobierno de la provincia que se haga cargo de esta situación”.

La baja del VAT también impactaría con fuerza en el norte neuquino. Solo en Chos Malal, 366 personas son titulares del programa, por lo que decenas de familias verán afectado su ingreso mensual.

Por su parte, Paulina Curruhuinca de la rama rural del MTE de la provincia y representante de 12 comunidades mapuches de la zona Lácar y Huiliches expresó que “nos pidieron que hiciéramos capacitaciones, que tenemos hacer 40, 50, 70 kilómetros para a la ciudad, lo cual no se puede. Pagas un taxi y te sale 80 mil pesos, no te alcanza ni para inscribirte. En algunas comunidades contamos con Internet pero en muchas no, así que peor.”

Las organizaciones sostienen que el VAT no es un gasto. El Salario Social Complementario fue creado por ley como un piso de derechos para quienes se inventaron su propio trabajo frente a la exclusión del mercado laboral formal. Su eliminación podría derivar en el desfinanciamiento o cierre de comedores comunitarios, cooperativas de trabajo y espacios de cuidado que hoy sostienen la vida en los barrios.

Desde la UTEP advirtieron que a este ajuste sobre los ingresos se le suma una avanzada contra el derecho a la tierra y la vivienda digna. En Neuquén, donde se encuentran 116 barrios populares registrados en el RENABAP, la organización denunció que el proyecto de 'Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada' impulsado por el Gobierno Nacional pretende dinamitar la Ley 27.453. De aprobarse, se eliminaría la prohibición de desalojos y se desarticularían las obras de infraestructura que garantizan agua potable, redes eléctricas seguras y saneamiento. Según manifestaron desde la organización, esta medida no solo busca quitar el sustento a 17 mil familias de nuestra provincia, sino también arrebatarles el derecho a vivir con dignidad en sus propios barrios.