"Además de lo sanitario, esto afecta en lo social, porque muchas personas no tienen presupuesto familiar para la compra de agua embotellada", indicó Edgardo Ortuño, director de Obras Sanitarias del Estado.
Por Iván Federico Hojman
Edgardo Ortuño, director de Obras Sanitarias del Estado (OSE) de Uruguay, aseguró este viernes que la escasez de agua potable es la "situación más crítica" que enfrentó su país y criticó al Gobierno de Luis Lacalle Pou por sus "decisiones políticas equivocadas" en la gestión de la crisis.
En diálogo con Télam, el dirigente del Frente Amplio sostuvo que "es la situación más crítica que enfrentó Uruguay, no hay registro de una dificultad en el abastecimiento de agua potable tan duradera y crítica como la que estamos viviendo".
"Nunca existió un nivel tan bajo de reservas de agua dulce para el abastecimiento de la población metropolitana, están por debajo del 1%", alertó el funcionario sobre la situación que enfrentan 1.800.000 uruguayos, el 60% de la población total del país.
La escasez de agua, que afecta principalmente a los departamentos de Montevideo y Canelones, se debe a la sequía del río Santa Lucía que deriva en un bajo nivel del embalse de la represa de Paso Severino, que tenía una capacidad de almacenar casi 80 millones de metros cúbicos, pero actualmente cubre menos de un millón.
"El descenso de las reservas empezó en noviembre", comentó Ortuño y criticó la decisión del Gobierno nacional de autorizar la mezcla del agua del embalse con la del Río de La Plata, que contiene alta salinidad.
"Además de lo sanitario, esto afecta en lo social, porque muchas personas no tienen las condiciones económicas para incrementar en su presupuesto familiar la compra de agua embotellada"
Edgardo Ortuño
"Hay un incumplimiento de algunos parámetros de la norma bromatológica. Se autorizó hasta 720 miligramos de cloruro por litro cuando antes era de 250, y con el sodio se permite 440 miligramos por litro cuando era de 200 según la ley", precisó el director de OSE.
Con esta decisión del Ejecutivo, Ortuño sostuvo que no se cumple con la Constitución de Uruguay, que en 2004 incorporó al agua potable como un derecho humano básico.
Según los sanitaristas uruguayos, el consumo del agua salada que sale de las canillas está desaconsejada para personas con problemas renales o hipertensión, y pidieron que no se utilice para preparar complementos para bebés de menos de seis meses.
Una crisis social
"Además de lo sanitario, esto afecta en lo social, porque muchas personas no tienen las condiciones económicas para incrementar en su presupuesto familiar la compra de agua embotellada", aseveró Ortuño y aclaró que hay familias que están gastando hasta 5.000 pesos por mes en agua en botellas.
Según el dirigente del Frente Amplio, el Gobierno de Lacalle Pou tomó "decisiones políticas equivocadas" para gestionar la crisis.
"Se declaró la emergencia recién en junio, nosotros lo demandamos desde de febrero", afirmó y aclaró que la baja de impuestos al agua embotellada dispuesta hace unas semanas "no es suficiente".
"Las sequías van a ser más profundas y más recurrentes, es un fenómeno que llegó para quedarse como consecuencia del cambio climático. El Estado, lejos de retirarse, tiene que asumir una actitud proactiva"
Edgardo Ortuño
Ortuño también opinó que el plan oficial de realizar obras hídricas en Paso Belastiquí para llevar agua dulce desde el Río San José hasta el Santa Lucía "no llegará a tiempo".
"Hay un escenario desafiante que está a la vuelta de la esquina en los próximos 10 o 15 días. El agua dejará de ser bebible antes de que culminen las obras que se están haciendo. Vamos a tener una ventana de agua no bebible y por eso estamos proponiendo convocar al sistema nacional de emergencia, porque da la sensación que el Gobierno no ha querido asumir la gravedad del problema", enfatizó Ortuño
Por último, el director de OSE aseguró que "fue un error la interrupción del proyecto de construcción de la represa de Casupá, que debió iniciarse en 2021".
"Las sequías van a ser más profundas y más recurrentes, es un fenómeno que llegó para quedarse como consecuencia del cambio climático. El Estado, lejos de retirarse, tiene que asumir una actitud proactiva, realizar las inversiones correspondientes y establecer los marcos regulatorios para salvaguardar un recurso natural esencial como es el agua", concluyó.
