Un fallo emitido por el magistrado federal Alejo Ramos Padilla obliga a la Jefatura de Gabinete de la Nación, conducida por Manuel Adorni, a suministrar de forma urgente las partidas presupuestarias y los recursos logísticos indispensables para que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) mantenga su operatividad habitual.

La disposición judicial llegó tras las alarmas encendidas por los propios directivos de la entidad, quienes reportaron la imposibilidad de continuar con la recolección de pruebas biológicas.

La intervención de la justicia federal se originó a partir de una presentación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Los funcionarios judiciales expusieron diversos informes técnicos donde se detallaba el severo ahogo financiero que arrastra la institución. De acuerdo con estos documentos, las restricciones de personal y de insumos ya habían obligado a cancelar los traslados federales para la obtención de perfiles de ADN a finales del periodo anterior, dejando al organismo en un escenario de extrema parálisis operativa.

El argumento central del dictamen resalta que el BNDG funciona como el único cuerpo pericial con competencia exclusiva para el esclarecimiento de causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Por este motivo, el recorte presupuestario —que para este ciclo asignó apenas un poco más de la mitad del dinero solicitado— pone en riesgo directo el mantenimiento del edificio, la seguridad, la limpieza y la gestión de desechos patogénicos, amenazando la conservación de un archivo de muestras biológicas acumulado durante casi cuarenta años.

Finalmente, la resolución judicial subraya que cualquier interrupción en las actividades de esta dependencia técnica no solo obstaculizaría el avance de los expedientes en curso, sino que implicaría una violación a los pactos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país.

El juez enfatizó que detener el procesamiento y el cruzamiento de nueva información genética provocaría un daño irreparable para la reconstrucción de la identidad de las víctimas y la preservación de material probatorio irremplazable.