En un movimiento táctico para mitigar el impacto de la masiva movilización educativa, el Gobierno Nacional ha resuelto abrir una instancia de negociación con las autoridades académicas.

La convocatoria, que se formalizará tras concluir la jornada de protesta, busca sentar a los rectores en una mesa de diálogo centrada en la reestructuración del financiamiento.

El plan de la Casa Rosada no se limita únicamente a la discusión de cifras, sino que impone condiciones estrictas sobre la fiscalización de los fondos:

·Prioridad en salud: El Ejecutivo pondrá el foco en el presupuesto de los hospitales universitarios, citando especialmente a los representantes de las instituciones que gestionan centros de salud.

·Transparencia obligatoria: Se buscará rediseñar los mecanismos de control, bajo la premisa oficial de que cualquier actualización de partidas debe estar sujeta a una rendición de cuentas exhaustiva.

·Auditorías del gasto: Desde el entorno presidencial insisten en la necesidad de "transparentar el sistema" para garantizar que el uso de los recursos públicos sea eficiente.

Esta iniciativa surge en un contexto de máxima tensión, donde los rectores denuncian que la inflación ha dejado los presupuestos actuales en un nivel crítico, amenazando la continuidad de clases e investigaciones. Mientras la comunidad educativa reclama por la sostenibilidad del sistema, el Gobierno intenta desactivar el conflicto social sin resignar su política de ajuste fiscal y control administrativo.