En la antesala de la movilización prevista para el 12 de mayo, el Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, defendió la gestión de las partidas destinadas a la educación superior y denunció un intento de "apropiación" de recursos por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El funcionario aseguró que la actual administración cumple con los giros mensuales y cuestionó las demandas financieras de la institución porteña.
El conflicto por los hospitales universitarios
Uno de los puntos de mayor fricción radica en el financiamiento de los centros de salud dependientes de las universidades. Según Adorni, la UBA solicita un monto adicional de 75.371 millones de pesos, cifra que representa casi el 95% de la partida total asignada a todos los hospitales universitarios del país.
"Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales", sentenció el ministro coordinador, calificando de "falsa" la denuncia por desfinanciamiento.
Ejecución presupuestaria y comparación con la gestión anterior
Desde la Casa Rosada insisten en que el compromiso con la salud y la educación es "inalienable", pero bajo la premisa innegociable del déficit cero. El jefe de Gabinete detalló que para el ejercicio 2026, la partida universitaria ascendió a 4,8 billones de pesos, destacando dos diferencias clave respecto a la administración de Alberto Fernández:
·Regularidad: Los pagos pasaron de tener atrasos de hasta cuatro meses a transferirse de forma mensual.
·Contexto inflacionario: El funcionario contrastó el escenario actual, con una inflación del 31,5%, frente al 211,4% registrado en el período previo.
El frente judicial y la Ley de Financiamiento
Respecto a la controversia por la Ley de Financiamiento Universitario, Adorni recordó que la norma carece de aplicación fáctica mientras el Congreso no defina las partidas para cubrirla. Bajo este argumento, sostuvo que la ley "nació suspendida", ya que cualquier erogación extra sin contraparte de ingresos obligaría al
Estado a subir impuestos o emitir moneda, acciones que el Ejecutivo rechaza por su impacto en la pobreza.
Finalmente, de cara a la marcha estudiantil y docente del próximo martes, el Gobierno apeló a la "sensatez" de los manifestantes, reiterando que la narrativa sobre el cierre de universidades es una construcción política que no se condice con la realidad de las transferencias efectuadas.
