El magistrado de primera instancia, que había suspendido los cambios en la normativa laboral, denunció hostigamiento y "carpetazos" por parte del oficialismo. Advirtió que la disputa llegará inevitablemente a la Corte Suprema de Justicia.
El escenario judicial por la Ley de Modernización Laboral atraviesa su momento de mayor efervescencia. Luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la medida cautelar que mantenía frenada la reforma, el juez Raúl Ojeda —autor del fallo inicial— salió al cruce de las críticas que lo tildan de "militante" y defendió la solidez técnica de su resolución.
La respuesta a las acusaciones políticas
Ojeda, quien fue denunciado por abuso de autoridad por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), atribuyó los ataques a una falta de argumentos jurídicos por parte del Gobierno. Ante los señalamientos por su pasado como asesor de Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo, el juez fue tajante:
"El carpetazo viene por ese lado porque no tienen nada técnico para rebatir. Trabajé como asesor técnico, un 'ratón de biblioteca'. Que digan lo que quieran, eso no quita el peso propio de una resolución judicial".
El "fervor" académico y la sospecha de fondo
Para el magistrado, la virulencia de las críticas digitales y mediáticas es un síntoma de la magnitud de lo que se está discutiendo. Según su visión, el ambiente académico está mayoritariamente en contra de la reforma, y solo quienes se adjudican la autoría de la ley la defienden.
Intereses en juego: Ojeda afirmó que "hay algo pesado de fondo" y que el nivel de ataque personal indica que se han tocado fibras sensibles del poder económico.
El camino a la Corte: El juez anticipó que, independientemente de sus próximos fallos o de lo que resuelva la Cámara, la validez de la Ley 27.802 será definida finalmente por la Corte Suprema de Justicia.
Polémica por la permanencia de jueces
La entrevista también rozó las suspicacias que rodean a la Cámara de Apelaciones. Recientemente se conoció que, tras el fallo de la Sala VIII que habilitó la reforma, el presidente Javier Milei inició el trámite para que el juez Víctor Pesino permanezca en su cargo después de los 75 años, un gesto que ha sido interpretado por sectores opositores como una posible contraprestación.
Defensa de la labor judicial
En un tramo personal, Ojeda buscó diferenciarse de la imagen tradicional de la "familia judicial":
Independencia: Citó a la exjueza Carmen Argibay como ejemplo de magistrada que "agradece el nombramiento y nunca más atiende el teléfono al poder político".
Situación salarial: Mencionó que un juez de su fuero percibe cerca de 6 millones de pesos, cifra que consideró atrasada frente a la inflación actual, y evitó polemizar sobre cómo otros colegas justifican niveles de vida superiores.
Mientras el Gobierno celebra la vigencia de la reforma —que incluye cambios en indemnizaciones, fondos de asistencia y límites a las huelgas—, Ojeda advirtió que continuará analizando el fondo de la cuestión bajo la premisa de ser un "laburante del derecho".
