El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases pese a las medidas de fuerza. Desde la Universidad de Buenos Aires respondieron que el Estado incumple la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por la Justicia.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo de fricción legal y política. En medio de una semana de inactividad académica total, el Gobierno nacional reclamó formalmente a las autoridades universitarias que aseguren el derecho a la educación de los estudiantes, mientras que la comunidad académica se prepara para una nueva marcha federal.
La intimación oficial: "Garantía de operatividad"
A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la cartera que dirige Sandra Pettovello solicitó a los rectores un informe detallado sobre las estrategias para mitigar el impacto de los paros gremiales. Los puntos centrales del pedido oficial incluyen:
Planes de contingencia: Implementación de modalidades virtuales o reprogramaciones de materias.
Resguardo de exámenes: Asegurar que los alumnos no pierdan la regularidad ni las mesas de finales.
Protección a no adherentes: Garantizar el acceso a las aulas para aquellos docentes que decidan trabajar.
Desde el Ejecutivo advirtieron que el sostenimiento financiero de las instituciones está estrictamente ligado a la "operatividad del sistema" y al cumplimiento de los fines educativos.
La respuesta de la UBA: "Política educativa ilegal"
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cruzó duramente el planteo oficial. El dirigente señaló que el reconocimiento del Gobierno sobre la falta de garantías educativas es una consecuencia directa del desfinanciamiento y del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).
Yacobitti recordó que la vigencia de dicha ley fue ratificada recientemente por la Justicia, exigiendo la recomposición urgente de salarios y becas, una decisión que el Gobierno intentó frenar mediante un recurso extraordinario de la Procuración del Tesoro.
"La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento estatal. No van a desviar el eje con provocaciones", sentenció el vicerrector.
Hacia una nueva Marcha Federal
El conflicto se encuadra en un cese de actividades que se extenderá hasta el lunes 2 de mayo. Esta medida es el preámbulo de una movilización masiva convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos docentes, cuya fecha central será el próximo 12 de mayo.
El reclamo estudiantil y docente cuenta con un fuerte respaldo judicial, luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exigiera al Ejecutivo el cumplimiento de los artículos que garantizan la actualización presupuestaria, un punto que sigue siendo el nudo central de la disputa.
