La legisladora nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras publicar un mensaje en sus redes sociales donde cuestionaba la veracidad de la condición de salud de un ciudadano. En su intento por respaldar las auditorías sobre pensiones por discapacidad impulsadas por el gobierno de Javier Milei, la funcionaria expuso a un hombre cordobés, sugiriendo que simulaba sus síntomas para obtener beneficios estatales.

El hecho se desencadenó cuando Reichardt compartió un video viral, acompañándolo con un texto que ponía en duda la discapacidad del protagonista mediante el uso de comillas. "Si los 'discapacitados' que no son discapacitados dejaran de cobrar una pensión, seguramente quienes realmente tienen una discapacidad tendrían la cobertura que merecen", sentenció la diputada en sus perfiles oficiales.
Una grave noticia falsa

La reacción de la comunidad digital fue inmediata, pero en sentido contrario al esperado por la legisladora. Diversos usuarios y especialistas aclararon rápidamente que el hombre del video no estaba fingiendo, sino que padece un cuadro avanzado y documentado de la enfermedad de Parkinson, una afección neurodegenerativa que explica los movimientos involuntarios captados en las imágenes.

La difusión de este dato médico transformó la publicación de la funcionaria en un foco de críticas transversales. Los reclamos apuntaron no solo a la falta de verificación de la información antes de compartirla, sino también a la estigmatización de las personas con discapacidad en un contexto de recortes presupuestarios y revisiones administrativas.
Silencio oficial ante la controversia

A pesar de la repercusión del caso y de la confirmación de que la acusación era infundada, Karen Reichardt (cuyo nombre legal es Karina Celia Vázquez Bustelo) no ha emitido un pedido de disculpas ni un descargo formal hasta la fecha.

El episodio ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de las redes sociales y el impacto que pueden tener sus declaraciones en la vida privada de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad sanitaria.