El gobierno de Rolando Figueroa oficializó el despido de un agente que acumuló cinco inasistencias injustificadas consecutivas. Además de la desvinculación, la Provincia iniciará acciones legales para recuperar los salarios que el ex empleado podría haber percibido de forma irregular.
NEUQUÉN – En el marco de las políticas de saneamiento de la administración pública provincial, el Ejecutivo neuquino decretó la cesantía de Sebastián Ramón Mansilla, quien se desempeñaba en la planta permanente de la Subsecretaría General. La medida responde a la comprobación de un abandono de cargo tras ausentarse sin aviso ni justificación durante una semana completa en enero de 2024.
Desde el Gobierno Provincial destacaron que la sanción es parte del nuevo esquema de controles de asistencia mediante biometría (huellas digitales), diseñado para garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Los detalles del sumario administrativo
La investigación interna contra el ex agente comenzó formalmente el 2 de mayo de 2024. Durante el proceso, se constataron las siguientes irregularidades:
Ausentismo: El agente faltó de manera continua entre el martes 2 y el lunes 8 de enero de 2024.
Falta de justificación: No se presentaron certificados médicos ni se solicitaron licencias ordinarias o extraordinarias para el período mencionado.
Incomparecencia: Mansilla fue citado a dos audiencias consecutivas en el marco del sumario, pero no se presentó a ninguna de ellas.
Recupero de haberes y acción judicial
La desvinculación no será la única consecuencia para el ex empleado. Según establece el decreto, los auditores provinciales determinarán si Mansilla percibió haberes correspondientes a días no trabajados.
En caso de confirmarse el cobro irregular, la Provincia activará los mecanismos de recupero de fondos. De no mediar una devolución voluntaria, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar acciones por presunto enriquecimiento sin causa en perjuicio del erario público.
El mensaje oficial
El decreto subraya que la estabilidad propia de la planta permanente no exime a los trabajadores de sus deberes fundamentales, los cuales incluyen prestar el servicio bajo principios de eficiencia y rendimiento laboral.
"Quienes incumplen, quedan indefectiblemente fuera de los cuadros de la administración pública provincial", advirtieron fuentes gubernamentales, marcando un fuerte contraste con la permisividad de gestiones anteriores.
