Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura en la cartera que dirige Luis Caputo, quedó en el centro de la polémica tras revelarse su presunta vinculación con ocho departamentos en Estados Unidos. El patrimonio, valuado en al menos US$ 1.200.000, no figuraría en sus presentaciones ante los organismos de control.

BUENOS AIRES – Un nuevo frente de conflicto por presuntas inconsistencias patrimoniales afecta al Ministerio de Economía. Las denuncias apuntan a Carlos Frugoni, funcionario clave en el esquema de obra pública y concesiones viales, por haber omitido —presuntamente— la titularidad de ocho unidades inmobiliarias en el estado de Florida, EE. UU.

Según la información que comenzó a circular en el ámbito político y judicial, las propiedades habrían sido adquiridas y administradas a través de estructuras societarias radicadas en el exterior, mecanismo que habría permitido mantener el patrimonio fuera del radar de las declaraciones juradas obligatorias en Argentina.
Sociedades y montos en juego

La investigación preliminar señala a las firmas Genova LLC y Waki LLC como los vehículos utilizados para las transacciones. El desglose de la denuncia indica lo siguiente:

Activos: 8 departamentos ubicados en zonas estratégicas de Miami.

Valuación: Cada unidad tendría un precio de mercado cercano a los US$ 150.000, totalizando un piso de US$ 1.200.000, aunque algunas estimaciones sugieren que la cifra podría duplicarse según la tasación actual.

Otros activos: Se investiga además la existencia de cuentas bancarias asociadas que tampoco habrían sido informadas a la Oficina Anticorrupción ni a la AFIP.

El rol estratégico de Frugoni

La relevancia del caso radica en la función específica que cumple Frugoni dentro del gabinete de Caputo. Como secretario de Coordinación de Infraestructura, tiene bajo su responsabilidad la gestión de contratos de obras públicas y la supervisión de las concesiones viales en todo el territorio nacional, un área de alta sensibilidad presupuestaria.
Repercusiones políticas

Aunque todavía no se ha formalizado una imputación judicial, el caso ya genera ruido en la Casa Rosada. La falta de transparencia en el patrimonio de un funcionario de primera línea colisiona con el discurso de austeridad y combate a los privilegios que sostiene la administración de Javier Milei.

Se espera que en las próximas horas se presenten pedidos de informes legislativos o intervengan organismos de control para determinar si existió una omisión maliciosa en las declaraciones juradas del secretario, lo que podría derivar en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito o lavado de activos.