La evolución patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha quedado en el centro de una investigación judicial en los tribunales de Comodoro Py. Ante las sospechas de enriquecimiento ilícito, versiones periodísticas cercanas al oficialismo indicaron que el funcionario justificará su crecimiento económico en la declaración jurada de 2025 mediante una herencia familiar. Sin embargo, un relevamiento de los expedientes sucesorios sugiere que los bienes heredados distan de cubrir el volumen de sus gastos recientes.

Los bienes en cuestión

De acuerdo con la documentación de la sucesión judicial de su padre, fallecido en 2002, el patrimonio heredado por Adorni, su hermano Francisco y su madre se limita a dos propiedades específicas:

1.Un terreno en Daireaux: Se trata de un lote de 690 metros cuadrados declarado como "baldío" en la localidad de Salazar. Según valores de mercado en portales inmobiliarios, terrenos de similares características en la zona oscilan entre los 37.000 y 48.000 dólares, cifra que debe dividirse entre los tres herederos.

2.Un departamento en La Plata: El funcionario posee el 33% de una unidad ubicada en el noveno piso de un edificio sobre la Avenida 53. Esta propiedad, adquirida por su padre en 1971, arrastraba embargos e hipotecas que el propio Adorni mencionó haber regularizado años atrás.

La brecha entre ingresos y gastos

La investigación, liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, pone el foco en una serie de erogaciones de alto perfil realizadas desde que Adorni asumió funciones públicas. Entre los puntos que la justicia busca esclarecer se encuentran:

·Adquisiciones inmobiliarias: La compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito (financiada parcialmente por préstamos de particulares vinculados a las fuerzas de seguridad) y una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz a nombre de su esposa.

·Turismo de lujo: Viajes familiares a destinos como Aruba y Punta del Este en vuelos privados, además de una estadía en el exclusivo hotel Llao Llao en Bariloche.

Explicaciones bajo cuestionamiento

Desde el entorno del funcionario se intentó justificar el cambio de residencia por motivos de "seguridad". No obstante, la inconsistencia entre el valor de la herencia (un baldío y un tercio de un departamento) y el nivel de vida exhibido alimenta las dudas en los tribunales federales.

El próximo 30 de mayo, fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, será un día clave para determinar si el Jefe de Gabinete logra aportar pruebas documentales que vinculen legalmente su herencia con su actual realidad financiera o si, por el contrario, se profundiza la brecha en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito.