El otorgamiento de créditos hipotecarios a figuras del oficialismo ha desatado un nuevo foco de conflicto en el Congreso. En esta oportunidad, el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) denunció que la diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde, accedió a un préstamo de la banca pública pese a contar con un embargo judicial vigente y un procesamiento por presunta estafa.

Según el legislador, el trámite habría sorteado los controles habituales mediante una intervención directa desde la casa central del Banco Nación, luego de haber sido rechazado inicialmente en la sucursal de Cipolletti.

Las claves de la denuncia de Paulón

El diputado socialista sostiene que el acceso de Villaverde al crédito no se ajusta a los estándares que enfrenta cualquier ciudadano:

·Bloqueo inicial: El préstamo habría sido denegado en Río Negro debido a que la legisladora enfrenta un embargo de 31 millones de pesos en una causa por venta fraudulenta de lotes en Las Grutas.

·Intervención jerárquica: Paulón afirma que "alguien desde la central levantó el teléfono" para destrabar la operación, permitiendo que una persona procesada por fraude inmobiliario reciba fondos de la misma entidad que debería haber detectado el riesgo crediticio.

·Privilegios en los plazos: Se cuestiona la celeridad y la flexibilidad en los requisitos de ingresos, comparándolos con las "penurias" que atraviesan las familias argentinas para calificar a un crédito hipotecario similar.

El "Festival de Créditos" en la Justicia

Este caso se suma a la presentación judicial realizada por la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), quien solicitó investigar un presunto trato preferencial hacia funcionarios y legisladores cercanos al Ejecutivo. La denuncia apunta a montos que oscilan entre los 100 y 500 millones de pesos.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la legalidad de estas operaciones, calificando como "patéticas" las críticas y asegurando que los préstamos se enmarcan en los procedimientos normales del banco.

El polémico historial de la legisladora rionegrina

Lorena Villaverde acumula una serie de antecedentes que han puesto en duda su idoneidad para cargos públicos:

1.Causas locales: Además de la causa por los terrenos en Las Grutas, su pliego para asumir como senadora en 2025 fue impugnado por el PJ, lo que la obligó a mantener su banca en Diputados.

2.Antecedentes internacionales: Paulón reflotó una condena de 2002 en Estados Unidos vinculada al narcotráfico, aunque la diputada asegura haber sido sobreseída en aquel proceso.

3.Vínculos bajo sospecha: Se investigan sus presuntas relaciones comerciales con figuras extraditadas por lavado de dinero y narcotráfico.

Este escenario coloca al Banco Nación en el centro de un debate ético y legal sobre el uso de los recursos del Estado para financiar a su propia dirigencia política en un contexto de restricción crediticia para el resto de la sociedad.