En un movimiento estratégico para visibilizar lo que consideran un sistema de privilegios, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza inédita. El gremio movilizará a más de 1.000 delegados y afiliados a las sucursales del Banco Nación en todo el país para solicitar créditos hipotecarios, exigiendo idénticos montos, tasas y plazos que los otorgados recientemente a legisladores y funcionarios de La Libertad Avanza.
La decisión, que será ratificada esta semana por el Consejo Directivo Nacional con presencia de las 24 provincias, apunta a poner a prueba la equidad de la banca pública en sus más de 700 filiales.
El reclamo de Rodolfo Aguiar: "Trato preferencial"
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante al cuestionar la ética detrás de los préstamos millonarios —que oscilan entre los 100 y 530 millones de pesos— otorgados a integrantes del oficialismo. "No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él", denunció el dirigente, señalando una contradicción directa con el discurso anti-casta del Gobierno.
Los ejes de la denuncia sindical se centran en:
·Falta de requisitos: ATE sostiene que a los funcionarios no se les habría exigido la estabilidad laboral que se le pide a cualquier ciudadano, mencionando casos como el de Leandro Massaccesi, quien accedió al crédito poco antes de ser desvinculado de su cargo.
·Inconsistencia de ingresos: El gremio afirma que muchos de los montos aprobados no guardan relación con los salarios declarados por los beneficiarios políticos.
·Acceso desigual: La organización busca exponer la "obscenidad" de estas operaciones en un contexto de profundo ajuste económico y crisis habitacional para el resto de la población.
Un nuevo frente judicial y político
Para el sindicato, estas prácticas podrían configurar delitos de favorecimiento y enriquecimiento ilícito. "Nos hicieron creer que el Estado debía desaparecer para terminar con los privilegios, pero son sus propios funcionarios los que aprovechan los aportes de los contribuyentes", criticó Aguiar.
Mientras el Gobierno defiende las operaciones como trámites bancarios estándar y regulares, la ofensiva de ATE busca saturar el sistema de solicitudes para demostrar si existe, o no, una doble vara en la entidad monetaria más importante del país. Esta medida marca un nuevo pico de tensión en la relación entre el movimiento obrero y la administración de Javier Milei.
