Documentos exclusivos revelan que la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad cerró el ejercicio 2023 con un excedente de $25.000 millones y un sólido crecimiento patrimonial. La cifra pone en jaque la narrativa de la gestión de Luis Petri, que justifica el corte de prestaciones en una supuesta quiebra heredada.
Lectura rápida
El dato oculto: IOSFA cerró el 2023 con un superávit de $25.000 millones, contradiciendo el relato de la "herencia recibida".
Salud patrimonial: El patrimonio neto de la obra social creció un 67,8% y la liquidez inmediata aumentó un 182,9% antes de la llegada de Luis Petri.
Préstamos sin pagar: La actual gestión solicitó créditos al IAF por $14.000 millones y $42.000 millones, pero la cobertura médica sigue cortada.
Impacto social: Se suspendieron los reintegros para casos urgentes, afectando a retirados que perciben haberes mínimos.
Frente judicial: El juez Daniel Rafecas investiga la denuncia por el manejo de estos fondos tras la presentación de la diputada Arrieta.
La crisis sanitaria que hoy mantiene a miles de militares, efectivos de seguridad y retirados sin cobertura médica ha tomado un giro inesperado. Mientras el Ministerio de Defensa y las actuales autoridades de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sostienen que la entidad fue recibida en un estado de colapso financiero, una serie de balances contables a los que se tuvo acceso exclusivo demuestran una realidad opuesta al cierre de 2023.
Números en azul: El estado real antes de la transición
Los estados contables del último año de la gestión anterior indican que el IOSFA no solo logró un equilibrio operativo, sino que alcanzó un superávit de $25.000 millones. El documento detalla indicadores de salud financiera que hoy resultan lejanos:
·Crecimiento patrimonial: El Patrimonio Neto de la entidad cerró el año en $32.260 millones, lo que representa un aumento nominal del 67,8%.
·Explosión de liquidez: La disponibilidad de efectivo inmediato se disparó un 182,9%, alcanzando los $6.693 millones al finalizar el ejercicio.
·Flujo de caja positivo: Se logró revertir la tendencia negativa de 2022, cerrando el 2023 con un incremento neto de efectivo de $4.327 millones.
Según ex directivos de la obra social, estos fondos funcionaban como un "respaldo estratégico" mediante plazos fijos. Este mecanismo permitía absorber los desfasajes de precios impuestos por los prestadores médicos y la industria farmacéutica frente a la inflación, garantizando que el servicio no se interrumpiera.
La gestión Petri bajo la lupa: Deudas y préstamos sin rastro
La controversia escala al analizar el destino de esos fondos y de los créditos solicitados por la actual administración. Integrantes de la obra social señalan que la gestión de Oscar Sagás y Roberto Fiocchi —designados bajo la órbita de Luis Petri— no solo habría agotado el superávit heredado, sino que incurrió en un endeudamiento masivo con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Se detalla que Sagás solicitó un préstamo de $14.000 millones que nunca fue cancelado, seguido por otro crédito gestionado por Fiocchi por la suma de $42.000 millones. "La gestión actual recibió la obra social con dinero de sobra. No solo gastaron eso, sino que pidieron préstamos millonarios y, aun así, el servicio sigue cortado", advierten fuentes internas. La actual titular, Betina Surballe, es señalada por las defensas de los afiliados como la encargada de "maquillar" administrativamente estos movimientos de fondos.
El impacto humano y el frente judicial
El ajuste en el IOSFA ha tenido consecuencias directas y graves. La suspensión del pago de reintegros ha dejado desprotegidos a los casos más urgentes, donde los afiliados deben costear de su bolsillo atenciones externas. Se estima que una gran parte de los retirados hoy se encuentra bajo la línea de la pobreza, agravando la imposibilidad de acceder a la salud privada.
La situación ya ha traspasado las fronteras de los cuarteles para instalarse en los tribunales. Tras la denuncia presentada por la diputada Lourdes Arrieta, la causa quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas. El magistrado deberá investigar si existió una malversación de los fondos excedentes y cuál fue el destino real de los préstamos tomados del IAF, mientras los militares activos y retirados intensifican sus protestas por el restablecimiento inmediato del servicio de salud.
