Tras un periodo de silencio público, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para emitir un extenso mensaje en el que analizó la coyuntura económica y denunció lo que considera una persecución judicial coordinada con la administración central. El núcleo de su descargo se centró en la citación presencial que deberá cumplir este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco de la Causa Cuadernos. La exmandataria calificó el proceso como una "farsa" y cuestionó que, tras meses de audiencias virtuales, se le exija asistir a Comodoro Py únicamente para alimentar lo que denominó un "show mediático", asegurando que la presencialidad solo busca obtener imágenes para las portadas de los diarios y los canales de televisión.

En su análisis de la realidad nacional, la expresidenta trazó un diagnóstico sombrío sobre las políticas implementadas por Javier Milei, a quien se refirió irónicamente como un experto en crecimiento con o sin dinero. Según su visión, el actual paisaje del país está dominado por fábricas cerradas, locales vacíos y una inflación persistente que no cede a pesar de lo que calificó como el ajuste económico más brutal de la historia reciente. En su mensaje, subrayó que el deterioro del poder adquisitivo ha llevado a los salarios a una caída libre, generando un endeudamiento familiar y niveles de morosidad bancaria que comparó con el final de la convertibilidad, destacando además el alarmante crecimiento de la situación de calle.

Sin embargo, el punto más controvertido de su intervención fue la denuncia vinculada a una presunta estafa con la criptomoneda $Libra. Cristina Kirchner acusó directamente al presidente Milei de haber pactado una suma de 5 millones de dólares en el marco de este caso, cuestionando la "moral como política de Estado" pregonada por el libertario. La exmandataria también apuntó contra el fiscal Taiano por un supuesto "cajoneo" de las pruebas en los tribunales de Comodoro Py, sugiriendo que existe un blindaje judicial y mediático para proteger a la minoría que se beneficia con las políticas actuales, mientras la justicia intenta desviar la atención pública con los avances de las causas en su contra.