En una entrevista concedida a Radio 750, Ezequiel Miqueas, referente del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTrarePa), desmintió categóricamente el relato oficialista que ubica a los trabajadores de plataformas como simpatizantes de las nuevas medidas gubernamentales. Según el dirigente, el proyecto de ley no es una modernización, sino una herramienta diseñada por las propias empresas para institucionalizar el fraude laboral.

La crisis del "repartidor autónomo"
Miqueas alertó sobre las condiciones extremas que ya atraviesa el sector y cómo la reforma busca extender ese modelo al resto de la sociedad. "Hoy un repartidor debe realizar más de 800 entregas mensuales o trabajar jornadas de 70 horas semanales solo para alcanzar un ingreso de subsistencia", denunció.

El secretario de SiTrarePa detalló las carencias estructurales que enfrentan:

·Ausencia de coberturas: No cuentan con ART, seguros de vida, aguinaldo ni salario mínimo garantizado.

·Costos operativos: Los trabajadores deben costear sus herramientas de trabajo e incluso, en ocasiones, pagar los pedidos de su propio bolsillo ante fallas del sistema.

·Riesgo de vida: Denunció que semanalmente fallecen trabajadores en accidentes de tránsito sin que las plataformas asuman responsabilidad alguna.

Una "contrarrevolución" laboral

Para el sindicato, la reforma propuesta por la Casa Rosada es, en realidad, un retroceso histórico. Miqueas sostiene que el Gobierno pretende convertir el modelo de las aplicaciones —basado en la falta de relación de dependencia— en el estándar para todo el mercado de trabajo.

"La vida del repartidor, sin vacaciones, sin despidos pagados y bajo riesgo constante, es el modelo de vida que el Gobierno desea para todo el conjunto de los trabajadores", sentenció el dirigente.

El rechazo a la figura del autónomo

Uno de los puntos más críticos señalados es la creación de la categoría de "repartidor autónomo", lo cual, según el gremio, es una estrategia para que las empresas sigan escondiéndose detrás de la tecnología para evadir sus obligaciones. Miqueas fue contundente al calificar la iniciativa como un intento de "legalizar la esclavitud", permitiendo pagos en especie y restringiendo el derecho a huelga.

Finalmente, el referente sindical aseguró que la supuesta aprobación de los trabajadores a estas medidas es una construcción ficticia del Ejecutivo: "Decir que estamos a favor es mentira. El Gobierno vive en un sueño; la realidad es que esta reforma ataca derechos conquistados hace dos siglos".