En un movimiento que redefine el mapa de la resistencia gremial, las principales organizaciones de los sectores público y privado han sellado una alianza estratégica. El flamante Frente de Sindicatos Unidos, que logra amalgamar a sectores de la CGT y de ambas CTA (incluyendo a ATE, la UOM, Aceiteros y gremios aeronáuticos), anunció un plan de lucha federal con el objetivo de bloquear el proyecto de reforma laboral impulsado por la gestión de Javier Milei.
Presión directa sobre los gobernadores
La estrategia del Frente no se limitará a la Capital Federal. Los gremios han diseñado una hoja de ruta centrada en interpelar a los mandatarios provinciales que actualmente negocian con la Casa Rosada:
Córdoba (5 de febrero): Primera gran concentración para exigir que los legisladores cordobeses rechacen el proyecto.
Rosario (10 de febrero): Movilización masiva en Santa Fe para marcarle la "línea roja" al gobierno provincial.
Congreso de la Nación (11 de febrero): Paro nacional y marcha al Senado el día del tratamiento de la ley.
"No aceptaremos cambios cosméticos"
A diferencia de otros sectores que buscan suavizar artículos específicos, este frente ha adoptado una postura de rechazo total. Desde la conducción de la alianza, referentes como Rodolfo Aguiar (ATE) y Abel Furlán (UOM) advirtieron que los 136 artículos del proyecto son perjudiciales en su esencia y que no permitirán que los derechos laborales se utilicen como "moneda de cambio" por fondos coparticipables o ATN.
"No podemos esperar a que la Justicia actúe en una década. Si esta ley se aprueba, el daño al modelo sindical será inmediato", sentenciaron desde la cúpula del Frente, descartando la vía judicial como solución primaria.
Un escenario de confrontación creciente
Los dirigentes trazaron un paralelismo histórico con la reforma previsional de 2017, sugiriendo que el "empecinamiento" del Gobierno en avanzar contra los sindicatos podría marcar un punto de inflexión en su capital político. Según el análisis del bloque gremial, la propuesta oficialista no es una "modernización", sino una herramienta de precarización que busca desfinanciar no solo a los trabajadores, sino también a las propias provincias a través de una reforma fiscal encubierta.
La conformación de este bloque de unidad sindical representa el desafío más sólido y articulado que ha enfrentado la agenda legislativa del Ejecutivo hasta la fecha.
