Un operativo judicial crucial destinado a obtener evidencia digital del empresario Sergio Mastropietro, investigado por su presunto rol en una red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se frustró por una serie de fallas de coordinación entre los organismos de control aeroportuario. El resultado: Mastropietro evadió la requisa y su teléfono móvil, considerado una pieza probatoria fundamental, nunca fue incautado.
El juez federal Sebastián Casanello había emitido una orden precisa para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Dirección Nacional de Migraciones interceptaran al empresario a su llegada a Aeroparque, procedente de un vuelo internacional desde Estados Unidos. Sin embargo, cuando Mastropietro aterrizó en el Aeropuerto Jorge Newbery, la inacción de los agentes le permitió pasar sin ser detenido ni requisado.
La ruta de escape y el móvil desaparecido
Según la reconstrucción de los hechos, el plan de vuelo del empresario ya había levantado sospechas. Mastropietro había partido de Miami, pero su aeronave privada realizó una escala no programada en Tucumán, donde efectuó una llamada telefónica a un receptor aún desconocido.
A pesar de que su arribo a Buenos Aires era prioritario para el juzgado, la demora en la activación del protocolo de requisa fue fatal. Cuando el tribunal tomó conocimiento del error y se alertó a las fuerzas, Mastropietro ya se encontraba fuera de la terminal. Los agentes que finalmente lo alcanzaron recibieron una respuesta que generó fuerte alarma: el empresario afirmó que su dispositivo móvil se había extraviado o lo había dejado en otro lugar, un argumento calificado de "poco verosímil" por los funcionarios.
El incidente ha generado una interna entre las entidades responsables. El Ministerio de Seguridad (del cual dependen la PSA y Migraciones) derivó la responsabilidad a la PSA, que alegó que la restricción judicial recién apareció en el sistema una vez que el empresario había completado el trámite migratorio.
Por su parte, Migraciones habría cuestionado la falta de cooperación de la fuerza policial. La consecuencia directa es que Casanello no pudo acceder a la evidencia digital y el episodio podría acarrear una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El entramado de corrupción
Este fracaso se enmarca en la compleja investigación de la ANDIS, donde el fiscal Franco Picardi sostiene que Mastropietro era un eslabón central. La fiscalía lo acusa de integrar un sofisticado esquema para legitimar fondos ilícitos, direccionamiento de licitaciones y cobro de sobornos a proveedores.
La prueba más contundente vincula al empresario con la compañía de aviación privada Baires Fly S.A., la cual emitía facturas por el mismo valor de los pagos realizados por droguerías bajo sospecha (como Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L.). El concepto utilizado era siempre la "compra de kilómetros nacionales para aeronaves", un mecanismo que, según Picardi, buscaba dar apariencia de legalidad a dinero sucio.
Mastropietro también figura con vínculos societarios y domiciliarios compartidos con Fred Machado, un financista extraditado a EE. UU. y próximo a enfrentar un juicio por narcotráfico. Además, registros de inteligencia lo ubican en el círculo íntimo de Miguel Ángel Calvete (detenido por la causa ANDIS), a quien consultaba habitualmente sobre la disponibilidad de efectivo, confirmando su rol dentro del movimiento financiero de la estructura.
Este hecho se suma a otro episodio turbio en el aeropuerto: la investigación sobre el arribo de un vuelo privado con diez valijas supuestamente no revisadas por Aduana, ligadas a Laura Arrieta, empleada de Leonardo Scatturice, un empresario cercano al gobierno actual.
