La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha manifestado su enérgico y profundo rechazo ante una resolución emitida por el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán. Dicha disposición judicial exige la suspensión inmediata de la divulgación —a través de cualquier plataforma, sea televisión, radio, medios digitales o redes sociales— de todo contenido que implique un cuestionamiento o una crítica hacia el Ministerio Público Fiscal y a sus integrantes.

Principios de libertad de expresión vulnerados

ADEPA enfatizó su postura histórica, señalando que "ninguna autoridad estatal, sea judicial o administrativa, puede disponer la censura previa ni prohibir la difusión de información o de opiniones", especialmente cuando estas se refieren a funcionarios públicos o a temas de índole institucional.
Mediante un comunicado, la entidad periodística recordó el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que califica cualquier medida preventiva que limite la circulación informativa como una restricción ilegítima de la libertad de expresión y de pensamiento, exceptuando únicamente aquellas orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes.

Los riesgos para el debate democrático

La asociación subrayó que, dentro de un sistema democrático, los actos de comunicación y crítica relativos a la actuación de los poderes públicos solo deben generar responsabilidades ulteriores (es decir, posteriores a la publicación), y jamás prohibiciones preventivas sobre la publicación o difusión de contenidos.

La entidad periodística concluyó que estas medidas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y representan un grave menoscabo al derecho de los ciudadanos a estar informados y a participar en el debate sobre asuntos de interés y relevancia pública.