La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha elevado una firme solicitud al gobierno brasileño, instando a que se inicie una investigación transparente y autónoma sobre el letal operativo policial en Río de Janeiro que ha dejado un saldo provisional de, al menos, 132 víctimas fatales. Esta cifra representa la mayor cantidad de muertes registradas en una acción de seguridad de este tipo en la historia reciente de Brasil.

El titular del organismo internacional, Volker Türk, manifestó su "horror" ante la magnitud de la violencia desplegada. El ACNUDH recordó a las autoridades de Brasil su obligación ineludible de adherirse a las normativas del derecho internacional, lo cual incluye el uso proporcionado de la fuerza y el compromiso fundamental con el respeto a la vida humana.

Escenario de caos y desaparición de la vida urbana

La incursión, que movilizó a aproximadamente 2.500 agentes, tuvo lugar en los complejos de favelas de Alemão y Penha, situados en la zona norte de la capital fluminense, bastiones reconocidos del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. El objetivo declarado era ejecutar más de un centenar de órdenes de captura contra miembros de dicha banda.

El panorama en las zonas afectadas es de una crudeza extrema: se reportó la acumulación de decenas de cadáveres, con vecinos realizando labores de traslado de los cuerpos en vehículos particulares hacia los puntos designados para su recolección por parte de Defensa Civil. Las estimaciones extraoficiales elevan el temor de que la cifra final de fallecidos pueda superar las 190 personas.

Los datos oficiales, por su parte, indican que entre las víctimas se encuentran 60 personas señaladas como presuntos sospechosos, cuatro agentes de la policía y, al menos, 11 individuos heridos, incluyendo tanto a personal uniformado como a civiles.

Río paralizado: el miedo silencia la ciudad

El episodio de violencia alteró drásticamente el ritmo habitual de Río de Janeiro. El paisaje urbano se transformó en una estampa de calles desiertas, comercios con persianas bajadas y comunidades enteras inmovilizadas por la zozobra. En barrios icónicos como Tijuca, Vila Isabel y Botafogo, la tradicional actividad nocturna desapareció por completo.

Una residente de la Praça Varnhagen describió el insólito silencio de las avenidas, comparándolo con la época más estricta de la pandemia. Incluso áreas conocidas por su vitalidad, como el Boulevard 28 de Setembro o la Rua Arnaldo Quintela, vieron cómo bares y restaurantes debieron adelantar su cierre, mientras los accesos y arterias principales permanecían bajo control policial.

Durante la madrugada, la Alcaldía de Río de Janeiro confirmó la habilitación de todas las arterias viales que habían sido bloqueadas. La última en ser restaurada para la circulación fue la autopista Grajaú-Jacarepaguá, que conecta el sector norte con el suroeste de la metrópoli.

A pesar de esta relativa normalización del tránsito, el ambiente en Río sigue marcado por la tensión y el dolor. La exigencia de la ONU permanece vigente: las autoridades brasileñas deben garantizar un proceso transparente para que los responsables del uso desmedido de la fuerza y las posibles ejecuciones extrajudiciales sean llevados ante la justicia.