El Gobierno nacional desató un nuevo foco de conflicto al promulgar la Ley N° 27.795, que garantiza un nuevo régimen de financiamiento y la recomposición salarial para universidades públicas, pero suspendió su aplicación inmediata. La decisión del Ejecutivo coincide con el inicio de un paro nacional de 48 horas convocado por el personal docente y no docente en todo el país.
El presidente Javier Milei, junto al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra Sandra Pettovello, firmaron el Decreto 759/2025 que oficializa la Ley en el Boletín Oficial. Sin embargo, el texto advierte que su ejecución queda en suspenso hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes específicas de financiamiento e incluya las partidas presupuestarias requeridas.
El veto por falta de recursos
El Decreto oficial justifica la paralización citando el artículo 5° de la Ley N° 24.629, argumentando que el Poder Ejecutivo no puede aplicar la norma sin que el Poder Legislativo le indique cómo financiarla.
El Gobierno detalló los costos que implicaría la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, que obliga a una actualización automática atada a la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) del INDEC:
·Costo 2024 (mayo-dic.): $123.358 millones.
·Costo Estimado 2025: $1.069 billones.
·Costo Proyectado 2026: $2.008 billones.
Rechazo universitario y paro nacional
La postura del Ejecutivo fue inmediatamente rechazada por la comunidad universitaria, que exige la "plena implementación" de la Ley votada en el Congreso.
En ese contexto, gremios de docentes y no docentes llevan adelante un paro de actividades de 48 horas (martes 21 y miércoles 22 de octubre). Los sindicatos denuncian la "situación salarial crítica" del sector.
El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, lamentó la decisión presidencial, señalando que el Gobierno "tenía la posibilidad de tomar la decisión de aplicar la Ley" y prefirió no hacerlo, lo que "no respeta lo que determinó el Congreso de la Nación".
Desde el frente gremial, las críticas fueron más duras. Ricardo Mozzi, Secretario General de FAGDUT, subrayó que "más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de la pobreza" y acusó al presidente de estar enfocado en "contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos" en lugar de garantizar el funcionamiento del sistema público. Oscar Vallejos, de ADUL, ratificó la medida de fuerza en reclamo de la urgente activación de la Ley de Financiamiento.
