La principal coalición opositora, Fuerza Patria, ha elevado una enérgica impugnación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) en el marco de la próxima contienda legislativa. El foco del conflicto reside en la metodología que la Dirección Nacional Electoral (DINE) planea emplear para la divulgación de los resultados provisionales de los comicios del domingo.

Los delegados legales de los partidos que integran el espacio presentarán formalmente un recurso mañana, demandando que la DINE se limite estrictamente a publicar las cifras de los recuentos electorales por cada distrito y se abstenga de compilar o difundir cualquier sumatoria consolidada a nivel nacional.

La alarma dentro del peronismo se encendió tras un simulacro de cómputo organizado por la DINE, en el cual se mostró una agregación de votos para diputados nacionales. Los apoderados acusan que, en esa prueba, se utilizó una criteriología ambigua para unificar listas que, si bien comparten afinidad ideológica, compiten con diferentes nomenclaturas partidarias en las distintas provincias.

Según Infobae, el documento entregado a la CNE argumenta que cualquier intento de agrupar los resultados con alcance nacional "carece de respaldo legal" y podría inducir a errores en la interpretación del proceso. La presentación enfatiza que la DINE está "excediendo sus competencias", ya que su función constitucional debe circunscribirse al mero conteo y oficialización de los resultados por circunscripción.

Este pulso judicial tiene un profundo trasfondo político. A diferencia del oficialismo (La Libertad Avanza), que logró unificar su sello en la totalidad de las 24 jurisdicciones, Fuerza Patria se presenta con identidades partidarias diversas. La cúpula opositora teme que la difusión de un total nacional magnificado le otorgue al oficialismo una ventaja numérica artificial, sesgando la percepción pública del verdadero caudal político de cada fuerza a nivel local.

La embestida legal de los apoderados —que representan al Partido Justicialista, el Frente Renovador y el Frente Grande— no se detiene en el reclamo administrativo. También contemplan la interposición de acciones de amparo ante la Justicia Federal en las doce provincias clave, e incluso evalúan presentar una querella penal contra Luz Landívar, la titular de la DINE.

Los firmantes sostienen que, al no tener la elección el "carácter de distrito único" en la legislación argentina, la sumatoria de votos a escala nacional resulta improcedente.

Además, advierten que el simulacro incluso llegó a proyectar "una distribución de escaños legislativos" a partir de esos votos nacionales consolidados, lo cual consideran totalmente ajeno a la lógica electoral del país.

Para respaldar su posición, el escrito apela a la jurisprudencia de la propia CNE, citando una Acordada de 2017 que prioriza la neutralidad en la difusión de conteos provisionales. En sus conclusiones, Fuerza Patria insta a la DINE a abstenerse de cualquier agregación numérica supra-distrital con el fin primordial de "proteger la integridad democrática" y evitar "confusión en el electorado".